Opinión Legal

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Lic. Oscar Díaz

Justicia a la mexicana

3 Febrero 2016

Cuando decimos ¨justicia¨ de inmediato identificamos en nuestra mente un concepto ideal completamente definido: dar a cada quien lo que se merece, lo que es justo, pero si decimos ¨justicia mexicana¨ el concepto cambia y se transforma en otra cosa. El adjetivo le resta valor en automático a la primera palabra; adaptar dicho concepto al contexto de nuestro país suena más a un sistema corrupto y obsoleto que a una impartición de justicia en determinada región, y tal apreciación es esencialmente cierta.

Según nuestra Constitución Política la impartición de la justicia en México debe ser pronta y expedita, sin embargo, todos los días veo en mi trabajo como abogado que en la vida cotidiana no resulta así. El ciudadano común tiene grandes problemas para acceder a la justicia y, cuando finalmente lo hace, el sistema no la garantiza, ni en tiempo ni en forma.

Para quienes nos están familiarizados con nuestro sistema judicial les cuento que en México los procesos son preponderantemente escritos, a través de expedientes que se van formando con las constancias de lo que en ellos va sucediendo, lo que oportunamente van alegando las partes y lo que en virtud de esto va decidiendo paulatinamente el Juez. Lógicamente ya se podrán ustedes imaginar la opacidad de este tipo de juicios, lo corruptos y vulnerables que pueden llegar a ser, la lentitud de su conformación y la dificultad para obtener una verdadera justicia integral y reparadora.

Precisamente por ello desde hace tiempo se está implementando en todo el país una migración del sistema penal tradicional a un nuevo sistema de justicia oral mucho más parecido a lo que usted y yo hemos visto por años en la televisión, mismo que por cierto debe quedar implementado en toda la república en este año 2016. En Baja California ya está presente este sistema en algunas localidades, no en todas, y con un pésimo ritmo se sigue estableciendo en las restantes entre las que Tijuana figura como el último escalón y la cereza del pastel. Sin adentrarme mucho en el tema les adelanto que veo muy complicada una adecuada implementación de dicho sistema en nuestra región por diversos motivos, entre los cuales destacan la falta de presupuesto, la falta de preparación de los abogados postulantes, la de los propios miembros del poder judicial y la completa falta de infraestructura a unos cuantos meses de que deba quedar implementado en su totalidad, lo que se traduce también en una falta de tiempo.

Además no todo se trata del derecho penal, en realidad la justicia más común en México se pudiera dividir en tres grandes áreas: el derecho civil, el mercantil y el familiar, sé que existen muchas áreas más, pero aquellas otras resultan más sofisticadas y especializadas, en cambio éstas tres que les comento son las que en esencia engloban la mayor parte de los problemas que los mexicanos tenemos todos los días, las que enmarcan la verdadera justicia común y que alguien tuvo un día a bien llamar justicia cotidiana. Son las áreas en las que, según el CIDE, un mayor número de personas tiene necesidades legales y en mayor medida.

Curiosamente, a raíz del gran escándalo que generó para el gobierno federal el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y como una de las varias medidas implementadas para el control de daños en un afán de mejorar la percepción hacia su gestión en el tema, el Presidente Peña Nieto llevo a cabo con bombo y platillo en abril del año pasado un foro que denomino precisamente Justicia Cotidiana, asegurando que dicha clase de justicia, la del día a día, sería una prioridad de su gobierno, y que con ello se iniciaría toda una nueva etapa para la impartición de justicia en México. A raíz ese foro efectivamente se identificaron muchos de los grandes males que aquejan a nuestro sistema judicial y el termino acuñado resulto perfecto, el problema es que nada ha pasado desde entonces y el ciudadano de a pie sigue exactamente igual y en las misma condiciones.

La realidad nos sigue demostrando a cada día que este tipo de foros, aunque eventualmente llegan a producir algún resultado positivo por lo general son pura demagogia, sin embargo ese no es el principal problema sino el permanecer estáticos y esperanzados mientras nada pasa. Tanto la justicia civil como la familiar son de competencia estatal por lo que a estas alturas pudieran haberse legislado ya en nuestra entidad importantes reformas para construir y diseñar mejores herramientas y procesos en ambas áreas del derecho, con la intención de poder contar con procedimientos jurídicos más cortos, más prácticos, más sencillos, efectivos y rápidos, sin embargo, hasta ahora nuestro congreso no ha tenido la fuerza de voluntad para hacer lo necesario y arreglarle la vida a varios miles de bajacalifornianos. Está claro incluso que ésta omisión no es exclusiva de la actual legislatura sino de todas las que han existido. El derecho es esencialmente cambiante pero cuando no cambia y se adapta al ritmo de la sociedad deja de producir justicia y en su lugar produce un gran malestar.

Las áreas de oportunidad son muchas y muy claras: la profesionalización de los cuerpos de seguridad y la implementación de protocolos de atención de los policías a los civiles en el trato cotidiano, una mayor difusión de la cultura legal entre la población, la inclusión de herramientas digitales en los juicios para su consulta e impulso, la incorporación de una mayor oralidad en los procesos, la simplificación de estos en relación con las notificaciones personales a las partes litigantes, el mejoramiento de la regulación procesal de acuerdo a las prácticas cotidianas, la creación de la colegiación obligatoria de abogados, la modernización del registro público de la propiedad y del comercio y la de los catastros municipales, además de la homologación de sus métodos y prácticas, una mayor eficacia en la justicia alternativa, en fin, una verdadera ingeniería. No es sencillo pero es lo necesario y mientras más se tarden nuestros legisladores en empezar menos sucede y más agotan de manera innecesaria la paciencia de los ciudadanos.

La verdad es que falta mucho por hacer y que hoy solo tenemos tres cosas muy claras: que la justicia común no es común, que la justicia cotidiana no existe y que la justicia que tenemos en México es precisamente a la mexicana.

El autor es abogado litigante, titular de la Firma Legal DIAZ GOMEZ ABOGADOS, egresado de la UABC, con Maestría en Derecho Constitucional y con Especialidad en Derecho Civil, Mercantil y Familiar.

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