San Diego

Senado estatal de California alerta maniobras intimidatorias de Trump

El líder del Senado de California, Kevin de León, advirtió hoy que el presidente estadunidense, Donald Trump, tienen la intención de intimidar.

por Notimex

17/01/2018 20:12 / Uniradio Informa / San diego / Actualizado al 17/02/2023

Sacramento, (Notimex).- El líder del Senado de California, Kevin de León, advirtió hoy que las amenazas de arrestar funcionarios públicos de ciudades santuario y realizar redadas en el estado, hechas por el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, tienen la intención de intimidar, silenciar y subyugar.

"Estas amenazas extraordinarias contra los oponentes políticos del presidente tienen la intención de intimidarnos, están diseñadas para silenciarnos y subyugarnos. Pero harán todo lo contrario”, previno.

"Amenazar con armar a las agencias federales en contra de California y sus residentes sólo fortalece nuestro propósito. No dejaremos de luchar para proteger a las comunidades de California y a las personas que hacen que este estado diverso sea increíble”, expuso.

"La semana pasada, California ganó al presidente Trump en una contienda judicial federal sobre el futuro del programa DACA (para jóvenes inmigrantes indocumentados) y los 'dreamers' que continúan viviendo aquí bajo su protección”, expresó.

"Ahora está atacando. El presidente Trump y su administración amenazan con dar rienda suelta a los agentes de la ICE (Oficina de Migración y Control de Aduanas) de todo el país en nuestras comunidades, en lo que sería la redada más grande en la historia reciente”, indicó.

El Departamento de Seguridad Nacional, agregó, "ha admitido que están considerando arrestar a líderes políticos como yo, que han encabezado la ofensiva en California para evitar que la administración federal se apodere de los recursos estatales y locales para separar inhumanamente a las familias trabajadoras”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, confirmó esta semana ante el Comité Judicial del Senado que su departamento analiza presentar cargos penales contra funcionarios estatales y locales que implementen políticas públicas de santuario, para evitar colaborar con las autoridades migratorias federales.