Funcionaria contratada por ministra Piña está bajo investigación: UIF

 (EL UNIVERSAL).-  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez aseguró que Sonia Vargas Terrero firmó contratos por 71.6 millones de dólares dentro de la trama de corrupción que encabezó Genaro García Luna en la extinta Policía Federal.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que Vargas Terrero fue contratada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, para laborar en el Consejo de la Judicatura Federal.

Gómez Álvarez explicó que Sonia Vargas está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con otros exfuncionarios que participaron en la firma de contratos con empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón.

El titular de la UIF señaló que como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, Vargas Terrero suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares; indicó que todos los contratos fueron hechos en dólares y ninguno cubrió con los señalamientos legales.

Además, Gómez Álvarez mencionó a otros funcionarios que también suscribieron contratos, y el importe de los mismos:

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Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva, contratos por 69 millones 100 mil dólares.

Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal contratos por 25 millones 875 mil dólares; 

Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico contratos por 37 millones 875 mil dólares;

 Rafael Avilez, jefe de la División de Fuerzas Federales contratos por 2 millones 500 mil dólares; 

Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional contratos por 2 millones 500 mil dólares 

Y José Roberto Cardoso, director general de Recursos Materiales, contratos por 12 millones de dólares.

Pablo Gómez dijo que las personas mencionadas están dentro de las denuncias presentadas en la FGR y están sujetos a investigación.

"No se trata de cualquier ilícito o conducta ilícita, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico -700 millones de dólares- son reclamados en México", expresó.