Ataque contra funcionario de juzgados, demuestra impunidad: Abogadas

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- El atentado en contra de un funcionario de los juzgados federales es una muestra de la impunidad con la que están operando las bandas del crimen organizado, ya que el trabajador del Poder Judicial laboraba en el área de asuntos penales, lo que sin duda genera temor entre el personal que debe resolver los asuntos.

En entrevista, la Presidenta de la Federación de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, Catalina Salas Bravo, sostuvo que la comunidad jurídica le ha solicitado, en reiteradas ocasiones, a las diferentes órdenes de gobierno que mantengan vigilancia cercana a los edificios de los poderes judiciales federal y estatal.

“Nosotros ya hemos hecho escritos, llamadas y solicitudes a que los ayuntamientos refuercen la seguridad en los tribunales”, comentó.

Añadió que es lógico suponer que entre el personal que se encarga de impartir justicia en los tribunales federales hay miedo de que pueden ser víctimas de un atentado, aunque aún no queda claro el móvil que llevó a los sicarios a disparar en contra de un trabajador del Poder Judicial de la Federación.

“Ese ataque que se da a personal del poder judicial federal me parece sumamente grave porque pone un antecedente que de los tribunales federales, que además imparten justicia, pues ya también están en el ojo de la delincuencia”, externó.

Consideró que el ataque a un funcionario de un juzgado federal se realizó porque quienes lo cometieron saben que no serán juzgados y esto se debe a la impunidad, e hizo un llamado para que los legisladores y la gobernadora del estado revisen los perfiles que propusieron para encabezar las diferentes instituciones garantes de la seguridad.

“Aquí la parte importante es que se hagan las averiguaciones o investigaciones debidamente integradas a efecto de que los delincuentes sean llevados a la cárcel, porque en la medida que hay impunidad, en esa medida el delincuente va a seguir y además va a promover a otras personas a que lo hagan porque no hay detenciones, no hay investigaciones”, añadió.

Precisó que de acuerdo con el Instituto nacional de Geografía e informática los reportes son atendidos en un 90% por la Policía Municipal y la Policía Estatal apenas responde al 6% de los llamados pese a que combinados los presupuestos de la Fiscalía y de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana son mucho más elevados que con los que opera el Ayuntamiento.

“Sabemos, de ante mano, que los tres órdenes de gobierno, en cuestión de policía, tienen recursos, sobre todo el estado”, finalizó.