BC tendrá reforma de avanzada para no volver a sufrir discriminación

Aprueba Congreso del Estado reforma y adición al Código Penal local para tipificarla

Sanciona a quienes atenten contra la dignidad humana, y establece diversos supuestos y modalidades para este hecho delictivo

 MEXICALI.- El Dictamen 96 de la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Juan Manuel Molina, fue aprobado en sesión virtual de Pleno, y contiene una Iniciativa de la diputada Julia Andrea González Quiroz para sancionar la Discriminación en la Entidad.

Se aprobó por 18 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, con el siguiente resolutivo: Único. Se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la adición de un Capítulo X al Título Primero; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Penal local.

Al razonar su voto, la inicialista dijo que a pesar de que se expresa en todos lados que no debe haber discriminación, no estaba tipificada, por lo que esta reforma es de avanzada para el Estado, para no volver a sufrirla.

De la exposición de motivos, se desprende que la pretensión es establecer el delito de discriminación, para sancionar a las personas que realicen alguna conducta que atente contra la dignidad humana y se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas, estableciendo diversos supuestos y modalidades para este hecho delictivo.

En el mismo documento reformador, realiza un amplio desarrollo sobre aspectos del concepto de “Discriminación” y la relación que este guarda con la cotidianidad social en nuestro Estado, así como sus efectos nocivos, aportando datos cuantitativos y estadística nacional.

La comisión dictaminadora coincidió plenamente con esta propuesta de la legisladora, pues los valores que pretende tutelar son aquellos consagrados desde la Constitución Federal, orientados a la mayor protección y actuación con perspectiva de género a favor de las víctimas y de los ofendidos, así como sanciones agravadas para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, en caso de inobservancia y de personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral.