Baja California

Bonilla debe de justificar la donación del edifico a UABC: Experto

El gobierno debe de acreditar el principio de Fin Legítimo de la Norma

por Uniradio Informa

11/03/2021 12:53 / Uniradio Informa / Baja california / Actualizado al 17/02/2023

Por: Octavio Fabela

-El gobierno debe de acreditar el principio de Fin Legítimo de la Norma

TIJUANA.-  La Ley de Bienes del Estado de Baja California no exige que para una donación como la que el gobernador Jaime Bonilla pretende hacer a la Universidad Autónoma de Baja California se realicen estudios que acrediten el fin legitimo del decreto.

Sin embargo, Sergio Bravo Gibert, doctor en derecho constitucional, expresó ante el grupo Madrugadores que, se deben de realizar estudios que justifiquen el fin legítimo del decreto, pues ese traslado no puede hacerse mediante un contrato simple de donación.

Asimismo, explicó que es importante que al hacer un movimiento de esta clase,  por medio del principio de Fin Legítimo de la Norma se justifique y acredite en este caso, la donación.

Señaló que la donación de este inmueble lleva consigo, no solo el derecho a la educación, sino también el de la propiedad y el fiscal, debido a que los actos jurídicos conllevan ciertos decretos emitidos.

“La autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, indicó.

Es decir, si el grado de beneficio a la educación que tendrá la UABC con la donación del edifico de gobierno es mayor a el grado de perjuicio que tendrá la sociedad, entonces el decreto estaría justificado y se pueden donar estas instalaciones.

Bravo Gibert abundó que, en un gobierno y Legislatura, serios, estos estudios se habrían realizado antes de iniciar con la mudanza de las oficinas de gobierno, pues se están afectando varios derechos y no se justifica si el beneficio de unos es mayor al perjuicio de otros.

Por su parte, el experto que refirió que, además de la evaluación del fin legítimo, la situación actual del inmueble requiere que, primero, se reforme el decreto que dio origen a la construcción del Centro de Gobierno.