Con impuestos ambientales en BC, el que contamina paga

Hay que diseñarlos mejor y alimentar con ellos un fondo “verde” para mejoras, afirma ambientalista

TIJUANA.- Apoyo la idea de tener impuestos ambientales en Baja California, pero hay que diseñarlos mejor y su pago debe alimentar un fondo “verde” que impulse mejoras en beneficio del medio ambiente, destacó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA).

“Nosotros empujamos a que parte de ingresos de derechos, autorizaciones, multas e impuestos alimenten un fondo ambiental y que podamos ligar, es decir, etiquetar directamente los ingresos de la verificación vehicular al mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de aire y a acciones de mejora de calidad del aire”, expuso.

El egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable LEAD-México, que oferta el Colegio de México, dijo que el pago de impuestos debe estar vinculado temática y lógicamente, así los ingresos permitirán crear mejores condiciones, porque el aire no es solo un tema ambiental, sino de salud pública.

“Una analogía oportuna sería que parte del pago para la regularización de los llamados autos chocolate, que no tienen placas, se destine a obras de bacheo, como ha sugerido el presidente de la república, pero no solo a eso, sino también para obras que permitan mejorar la calidad del aire; la vinculación debe ser temática y lógica”, remarcó.

Aunque hace días la Comisión de Hacienda del Congreso de Baja California aprobó reformar la Ley de Hacienda para cambiar el destino de los impuestos al hospedaje y también incluyó un capítulo para el cobro por la extracción de materiales pétreos, recordó que no prosperó el Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera.

“Hubo controversia al invadir una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, que es el facultado para imponer impuestos a combustibles; fue un mal diseño conceptual y dicha controversia debe trabajarse mejor; obvio que etiquetar ingresos de Hacienda Pública reduce el margen de maniobra en la distribución, por eso hay resistencia”, dijo.

El maestro en Bioingeniería enfatizó que en diversos países existe una variedad de instrumentos económicos, estímulos fiscales, etiquetado verde, impuestos ambientales, instrumentos complementarios y relevantes para avanzar en la dirección correcta, que es la sustentabilidad, con un equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente.

“Ninguna actividad económica debe subsidiarse por la naturaleza, la rentabilidad de una empresa no debe apoyarse en contaminar el medio ambiente; seguro que nadie en su sano juicio decide deliberadamente contaminar su propio entorno a cambio de ganancias económicas, pero sí puede haber distorsiones del mercado”, destacó Zavala Álvarez.

Esas distorsiones del mercado, añadió, pueden inducir a tomar decisiones equivocadas y desafortunadas en contra de la salud ambiental, que es también la propia y estos costos ocultos o diferidos en tiempo hacen que las empresas no avancen en la dirección correcta, hacia su propia sustentabilidad y beneficio, para construir un negocio duradero.

Aunque el gobierno, agregó, en sus tres órdenes, fomenta un ecosistema adecuado para el desarrollo de empresas y actividades económicas amigables al medio ambiente, no es suficiente, tampoco basta con las leyes o con la inspección y vigilancia por parte de las autoridades, sino que los gobiernos deben promover las compras “verdes”.

“Claro que las regulaciones de comando y control, como las leyes, reglamentos y normas son la base, junto con la inspección y vigilancia para obligar su cumplimiento, pero solo con la capacidad de compra de los gobiernos alineada con la sustentabilidad puede inducirse de manera destacada el mercado de productos y servicios verdes”, dijo.

José Carmelo Zavala consideró que es necesario penalizar por la vía del impuesto la contaminación que exceda de la norma, de los límites permisibles o de las condiciones particulares de descargas al aire, el suelo o el agua, los cuales se estipulan en autorizaciones con base en la legislación ambiental.

Agregó que también se requiere establecer los máximos de generación de residuos sólidos urbanos (RSU), mismos que en el país ascienden a 800 gramos por habitante al día y en Tijuana a 1.2 kilogramos por habitante al día, así como penalizar la generación excedente o la no separación desde el punto de origen.

“Al separar los reciclables, podrían pasar a categoría de residuos de manejo especial (RME) con valor económico, es un ejemplo de una manera de valorización de residuos; este mecanismo estimula que se reduzca la generación, recolección y disposición, con un serio y positivo impacto en la economía, creando una cadena de valor”, explicó.

Zavala Álvarez enfatizó que las autorizaciones de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas y móviles deben tener motivación clara para mejor desempeño ambiental porque, de otra manera, se socializan los costos ambientales, ya que no se estará haciendo la cuenta completa si no se considera la contaminación generada.

“Pocos estados en el país han sido exitosos en la elaboración de impuestos ambientales en la estructura fiscal alineada a objetivos de sustentabilidad; requiere de mejor diseño y de fiscalistas conocedores”, afirmó el director del CIGA.

La extracción de material pétreo, ejemplificó, considera el volumen extraído como pagos de derechos, pero las condicionantes ambientales para la operación, modificación de paisaje, restauración y emisiones a la atmósfera no son suficientemente consideradas, pero debe haber máximos autorizados y penalizar económicamente los excedentes.

Por último, indicó que un caso especial son las descargas de aguas residuales al drenaje de la ciudad, convenidas con el organismo operador del agua, que es la CESPT, pero sin un seguimiento de las condiciones particulares de descarga, en analogía con la penalización que tiene este organismo en sus descargas al océano.

Recordó que la CESPT es un organismo descentralizado del gobierno estatal y, por sus descargas al océano tiene que pagar una cantidad determinada de pesos por kilogramo excedente de demanda química de oxígeno descargado en el agua residual tratada, aunque “normalmente” el gobierno federal tiene que condonarlos.

“Desde luego que esta es otra distorsión de mercado y es también algo triste, porque ni siquiera estamos pudiendo internalizar los costos ambientales en los servicios que otorga el mismo gobierno”, finalizó José Carmelo Zavala.