Debe garantizarse en BC derecho humano a un ambiente sano

CEDH revisará trabajo institucional hecho al respecto

TIJUANA.- El derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar es un derecho constitucional que se debe garantizar, por lo que es alentador que la Comisión Estatal de Derechos Humanos vaya a revisar el trabajo institucional que se realiza para ello en Baja California.

Así lo destacó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), informando que recién la CEDH anunció que revisará el trabajo institucional que se hace en el estado para garantizar este derecho, haciendo especial referencia a la contaminación del aire y su impacto en la salud en Mexicali.

“Cita además los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; aproximarse al tema ambiental desde los derechos humanos es una óptica valiosa para revalorizar el tema en las prioridades presupuestales, es una variable más a considerar y puede ser determinante para administrar los siempre escasos recursos públicos”, dijo.

La mala calidad del aire tiene un impacto directo en la salud pública y también, al causar enfermedades y ausentismo, en la economía, agregó Zavala Álvarez, quien es ingeniero bioquímico y egresó del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable LEAD-México ofertado por el Colegio de México.

“La movilidad, el libre tránsito, no considera la capacidad de carga del ecosistema, hay dos millones de habitantes en Tijuana, para un acuífero que soporta solo a 150 mil; no hay una estructura de gobierno o regulación que ponga orden, ¿Quién dice cuántos carros caben en Tijuana? ¿Seguimos haciendo calles?”, cuestionó.

Hay contradicciones, añadió, entre las estructuras socioculturales y el ecosistema, debido a la desconexión con la naturaleza; además, las estructuras de gobierno no están al día, no se actualizan con la demanda ciudadana, la tecnología y las aspiraciones sociales, sino que van a veces un paso atrás, como las regulaciones.

En este sentido, José Carmelo Zavala citó algunos fragmentos del texto de la recomendación elaborada en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que fue dirigida en algunas de sus partes a los gobiernos estatales y municipales.

“Está el principio de progresividad en derechos humanos aplicado a la normatividad en materia de combustibles fósiles; luego se refiere a las omisiones administrativas en disposiciones ambientales y del sector energético de combustibles fósiles, como violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano”, detalló.

El maestro en bioingeniería añadió que la contaminación atmosférica urbana también es considerada una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por ello se menciona el principio de precaución en materia ambiental, como una garantía de prevención y control de dicha contaminación.

“Otro aspecto esencial presente en la recomendación es la falta o inadecuada implementación de las estaciones y redes de monitoreo para medir las emisiones contaminantes a la atmósfera, lo cual también se considera una violación al derecho a un ambiente sano”, comentó Zavala Álvarez.

Por otro lado, explicó, se considera una violación al derecho de información la falta de información actualizada de las redes de monitoreo, por lo que se exhorta a brindar el mantenimiento técnico necesario en las estaciones de monitoreo de calidad del aire, según lo dispuesto por la norma oficial en la materia.

“Invita a desplegar Observatorios Ciudadanos a nivel estatal para que contribuyan a mitigar la contaminación atmosférica urbana, mediante diversos sectores sociales, tanto con organizaciones civiles, como instituciones educativas y de investigación, para mostrar los avances de las acciones realizadas y la rendición de cuentas de los resultados obtenidos”, añadió.

Otro aspecto en el texto de la recomendación, complementó, es desarrollar en las ciudades que carezcan del programa de verificación vehicular, las disposiciones técnicas y administrativas convenientes para prevenir y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles.

En síntesis, finalizó, todo suma, es voluntad política; sin duda cuenta de manera relevante la profesionalización de la administración pública, que se refleja en algunas legislaciones, definiendo el perfil profesional del funcionario a cargo de áreas técnicas especializadas en la estructura de gobierno.