Diputados que fraguaron un fraude constitucional con 'Ley Bonilla'

BAJA CALIFORNIA.- Tras la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alusiva a, entre diversos temas, la declaración de inconstitucionalidad de la "Ley Bonilla", compartimos un recuento de los diputados locales, que en su momento votaron a favor de la misma.

Con 21 votos a favor y una abstención, así como la ausencia de tres diputados, se desarrolló la sesión extraordinaria el pasado 8 de julio en la que los legisladores revisaron la propuesta del morenista Víctor Morán.

¿Quiénes votaron a favor?

Aunque el voto fue con cédula, es decir secreto, solo el legislador Osuna Millán votó en contra, como él mismo ha reconocido.

Los otros asistentes en esa votación fueron (enumerados en la siguiente imagen):

Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT)

José Félix Arango Pérez (PAN)

Alejandro Arregui Ibarra (PRI)

Victoria Bentley Duarte (Morena)

José Antonio Casas Del Real (Transformemos)

Raúl Castañeda Pomposo (PAN)

Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI)

Andrés De la Rosa Anaya (PAN)

Ignacio García Dworak (PAN)

Édgar Benjamín Gómez Macías (PRI)

Mónica Hernández Álvarez (PAN)

Rocío López Gorosave (PRD)

Job Montoya Gaxiola (Movimiento Ciudadano)

Víctor Manuel Morán Hernández (Morena)

Bernardo Padilla Muñoz (PRI)

Alfa Peñaloza Valdez (PAN)

Blanca Patricia Ríos López (PRI)

Sergio Tolento Hernández (PAN)

Carlos Alberto Torres Torres (PAN)

María Trinidad Vaca Chacón (PAN)

Catalino Zavala Márquez (Morena)

Cabe recordar que Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, buscó que la orientación del proyecto de resolución del alto tribunal fuera declarar inconstitucional las reformas a la Constitución de Baja California que permitieron la ampliación del periodo del mandato de dos a cinco años.

“Lo hemos advertido desde el año pasado, Morena y el presidente solo están viendo la manera de acomodar la ley a su antojo a nivel local y nacional, ya lo quiso hacer con el Presupuesto para ejercerlo al margen de la Cámara de Diputados, y eso no lo vamos a permitir. Por ello el panismo estará atento de esta histórica resolución que dará certeza y estabilidad legal y política a los bajacalifornianos”, dijo en aquel entonces.

Mientras que, por su parte, la llamada Ley Bonilla para el coordinador de Coci, Carlos Atilano Peña, resultaba un acto claramente inconstitucional y prueba ello es Puebla y Veracruz, donde los gobernadores electos para períodos de dos años asumieron el cargo sin pretender modificarlo.

“El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, nuevamente, se declara en contra de la denominada 'Ley Bonilla', para nosotros resulta claramente inconstitucional, todo a vez que la Carta Magna señala con claridad que iniciado un proceso electoral no puede ser modificado con posterioridad al mismo en cuanto a sus aspectos fundamentales, en este caso por lo que se refiere al periodo de gobierno”, fueron las palabras del abogado cuando se pretendía hacer el voto a favor de esta ley.

Echa abajo Suprema Corte de Justicia la "ley Bonilla"Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, denominada "ley Bonilla".

La ponencia, a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, fue aprobada por el pleno del Alto Tribunal en sesión remota.

Las Acciones de Inconstitucionalidad fueron promovidas por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) Movimiento Ciudadan -en Baja California-, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de la entidad, publicada en el periódico oficial local el 17 de octubre de 2019.

González Salas expuso que la reforma transgredió los principios de certeza electoral y legalidad, así como el plazo establecido en el artículo 105 fracción segunda, penúltimo párrafo de la Carta Magna.

Esto porque cualquier modificación a la duración del cargo de elección popular debió de realizarse de manera previa al inicio del proceso electoral, para que sus participantes estuvieran en el entendido de los alcances del cargo disputado y por el que votaron los ciudadanos.

En su posicionamiento, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expuso que en la "ley Bonilla" se pretendía configurar un fraude a la Constitución y al sistema democrático.

"Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco", aseveró.

"La legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución", sentenció el representante del Poder Judicial.

Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat explicó que los cambios a las reglas de la contienda electoral no tenían base legal, porque la Constitución, en su artículo 105, especifica claramente que cualquier modificación debió ser antes del proceso electoral de esa entidad, es decir, septiembre de 2018, y no posterior, como sucedió, en octubre 2019, meses después de las elecciones.

"No tengo duda que encontramos indignante la ley aquí impugnada, porque entraña un afán de justificar una violación constitucional, o de minimizarla, o de recubrirla con actos legislativos posteriores", enfatizó la ministra.