Donación del centro de gobierno violenta a ciudadanos y trabajadores

TIJUANA.- El secretario General del Sindicato de Burócratas de Tijuana, José Agustín Calderón, señaló que la posible donación del Centro de Gobierno del Estado en Tijuana violenta los derechos de los ciudadanos y trabajadores burócratas al realizarse de manera indebida y falto de transparencia.

Desde el pasado 8 de octubre del 2020 el personal sindicalizado afectado labora bajo protesta ante las decisiones arbitrarias tomadas por el ejecutivo estatal, ya que señalan las autoridades sindicales en ningún momento se consideraron las afectaciones económicas y sociales de los usuarios y los trabajadores, mucho menos se les notificó de los posibles cambios, movimientos y el plan de transición a efectuarse.

“No estamos en contra de que la UABC cuente con nuevos espacios para la educación de los Bajacalifornianos; nosotros simplemente queremos que se respete a los trabajadores que sirven a la ciudadanía y les ayudan día a día a realizar sus trámites en un espacio que por más de 40 años ha concentrado los servicios que ofrece el Gobierno del Estado para beneficio de la población”, subrayó el líder de los burócratas en Tijuana.

Así mismo, el secretario General del Sindicato de Burócratas de Tijuana apuntó que se debe escuchar a la ciudadanía antes de tomar una decisión de tal magnitud, ya que es un bien de toda la población.

“A la par de la protesta diaria que se realiza en el Centro de Gobierno del Estado, nuestro sindicato ha realizado una encuesta ciudadana con los usuarios para conocer su sentir respecto a este tema obteniendo como resultado una desaprobación total a la reubicación de las dependencias y una desinformación general a las intenciones de dicho proyecto”, recalcó Calderón.

De igual manera, expuso que la posible donación atenta contra el decreto donde el Presidente de la República, José López Portillo, autoriza la enajenación del predio para uso único y exclusivo de oficinas del Gobierno del Estado.

Finalmente, José Agustín Calderón explicó que actualmente se realizan acciones tanto sociales como legales para encontrar nuevas alternativas que favorezcan a la ciudadanía y a los empleados afectados.