Guardia Nacional permanecerá en caseta de Playas de Tijuana

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- Por el momento, la Guardia Nacional permanecerá en custodia de la caseta de cobro de peaje de Playas de Tijuana, para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, informó el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Isaías Bertín Sandoval.

Aseguró que las manifestaciones podrán seguir realizándose, pues es un derecho de los ciudadanos, siempre y cuando estas no interfieran en el tránsito o afecten a terceros.

El representante se mostró confiado en que este conflicto pueda solucionarse por la vía del diálogo, para llegar a un acuerdo en el que la ciudadanía se muestre contenta con él y las diferencias en Playas de Tijuana puedan quedar atrás.

Mientras eso sucede, reiteró que la Guardia Nacional seguirá en el lugar, con aproximadamente 30 elementos.

Finalmente, aclaró que elementos de la Fiscalía del Estado no tendrán presencia, o al menos no se le ha notificado lo contrario.

El pasado 7 de julio el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernandez, decidieron hacer un acto protocolario sin competencia legal de cancelación de la caseta; horas después publicaron un decreto y pese a que entraba en vigor el 8 de este mes, ya habían causado la irrupción a dicha caseta.

El decreto se consideró una invasión a la competencia federal, un acto contrario a la Constitución y un atentado a las instituciones.

El miércoles por la noche, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió en un comunicado que aplicaría el Estado de derecho.

Con esto, explicaron expertos, se manda una señal a los mexicanos que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que las Fuerzas Federales están al servicio de México para hacer prevalecer el estado de derecho.

El Decreto emitido por el gobierno estatal, junto con los videos de sus acciones, serán analizados por las autoridades competentes de la FGR para deslindar responsabilidades en la comisión de los delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones.