No aprueban 'Ley Bonilla 2'; próxima gubernatura queda de 6 años

TIJUANA.- La XXIII Legislatura decidió dar marcha atrás al Dictamen 47, el cual en términos generales, establecía que el periodo del próximo gobernador del estado de Baja California tenga una duración de tres años; es decir, del 2021 al 2024.

Con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el cambio a próximo periodo de gobierno quedó desechado en la sesión extraordinaria de este día.

A continuación, se muestra un listado de los legisladores con su respectivo voto:

Claudia Agatón, a favor

Miguel Ángel Bujanda, a favor

Monserrat Caballero, a favor

Miriam Elizabeth Cano, a favor

Rosina del Villar en contra

Araceli Núñez, en contra

Julia González, a favor

Carmen hernández, en contra

Gerardo López, en contra

Juan Melendrez Espinoza, en contra

Juan Manuel Molina, a favor

Victor Manuel Morán, a favor

Efrén Enrique Moreno, a favor

Víctor Hugo Navarro, a favor

Rodrigo Otáñez, en contra

Loreto Quintero, en contra

David Ruvalcaba, en contra

Elí topete Robles, en contra

María trinidad Vaca Chacón, a favor

Eva María Vazquez, en contra

Ramón Vázquez, a favor

Maria Luisa Villalobos, a favor

Julio César vázquez, a favor

Eva Gricelda, a favor con reserva

Fausto Gallardo, abstención

Bajo el argumento de empatar las elecciones federales con estatales, el dictamen pretendía modificarse de este modo:

Algunas de las opiniones a favor durante la sesión se dieron de la siguiente manera:

La diputada Monserrat Caballero insistió en que no se logró el empate citado, y por ello hizo hincapié en él, al acusar a los panistas y priístas de mentir, mientras a la par aseguró que esta iniciativa no tiene nada que ver con un desacato a la corte.

"No mentir, no robar y no traicionar", fue su justificación.

El diputado de Morena Juan Manuel Molina dijo que es un hecho notorio que la mayor participación electoral se da en las elecciones presidenciales y que para ello pueden revisar el historial del país, ya que el interés que despierta la elección para presidente de la república es mayor, entre otras cosas porque hay mayor difusión en un proceso federal. 

En cuanto al menor costo, dijo, que como votan más, cada voto cuesta menos; y que en ese sentido se dará el ahorro, y que eso no lo podía negar ningún especialista.

Manifestó que ellos no solamente piensan en las elección del 2024 sino en décadas más adelante, puntualizando que quienes se oponen solo piensan en las elecciones del 2021 y del 2024.

Sin dar mayores explicaciones, habló de que la Constitución solo limita a un gobernador a no ejercer el cargo más de seis años, mientras que, respecto a la norma que invalidó la SCJN, aseguró que no era el caso y que ellos están en facultades de modificar lo que al estado consideren conveniente.  

Aseguró que quien resulte elector como gobernador en el 2024 será "el más legítimo de la historia" de la entidad.

Acto seguido, el diputado Víctor Morán dijo estar de acuerdo con los razonamientos de Monserrat Caballero y Juan Manuel Molina, y que además con esta iniciativa buscan corregir un cambio que se hizo a espaldas del pueblo bajacaliforniano.

Manifestó que las próximas gubernaturas se verán beneficiadas porque las elecciones locales se empatarán con las federales, y con ellos se podrán coordinar los programas de trabajo y se homologuen las acciones de todos los niveles de gobierno, en este caso estatal con federal.

En contraste, el diputado del PRI, David Ruvalcaba, al manifestarse en contra acusó fallas en el procedimiento legislativo desde las acciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Entre otras cosas, consideró que no hicieron las consultas con los expertos técnicos de la sociedad, a lo que estaban obligados. 

Hizo notar la influencia del ejecutivo estatal y cuestionó si se trataba de un acto violatorio a la soberanía del poder legislativo. El documento, dijo, está viciado.

La propuesta de 3 años de gobierno, añadió, no tiene una justificación contundente y para querer empatarlas de manera distinta a la aprobada no se presentan en este dictamen los supuestos ahorros que aseguran se lograría, según la inicialista.

En agosto de 2019, exclamó, la inicialista ya fue partícipe de la vergüenza nacional al participar en el intento de fraude a la Constitución Mexicana al promover una consulta para validar la 'Ley Bonilla'. También, habló de la falta de capacidad de legislar y crear verdaderas políticas públicas en beneficio de los bajacalifornianos. 

A manera de respaldo, la diputada del PAN Eva María Vázquez dijo que quienes voten a favor de esta iniciativa serán recordados como quienes traicionaron a la nación, al igual que quienes aprobaron la "Ley Bonilla". "El procedimiento de esta iniciativa transgrede gravemente los principios constitucionales y democráticos, ya que nunca se socializó ni se hicieron consultas", expresó.

A su consideración, se debió haber citado a los Ayuntamientos de Baja California a las sesiones, lo cual no se hizo; tampoco solicitaron las opiniones del Tribunal Estatal Electoral ni del IEEBC, al tratarse de un tema de su materia. 

Coincidió con Ruvalcaba que nunca se comprobó que habrá un ahorro, como asegura en las falsas justificaciones de esta iniciativa.

A nombre del PBC el diputado Rodrigo Otáñez rechazó aprobar la iniciativa, e hizo notar que en caso de ser aprobada, sería revertida en tribunales.

A su vez, el legislador Elí Topete consideró que en Movimiento Ciudadano, una sociedad democrática y moderna requiere hacer todo lo necesario para respetar el estado de derecho y las inherentes garantías de la vida humana, y por ello deben apegarse a la línea Constitucional, y se debe evitar el abuso de autoridad y la arbitrariedad.

"Esta propuesta atenta contra los bajacalifornianos y la dignidad de la ciudadana, además de que intenta volver a transgredir lo que la SCJN dictaminó recientemente al restablecer las normas vigentes que buscaban declarar inválidas, que es lo que buscan realizar de manera repetitiva", expresó.

Acentuó que el acto para la gubernatura de dos años fue único e irrepetible, por lo que hacer este cambio una vez más viola la Constitución, se violenta la seguridad jurídica de los bajacalifornianos. "De ninguna manera es válido reducir la duración de la próxima administración estatal", explicó.

De aprobarse, advirtió, se podría considerar un desacato a la máxima autoridad, al no dejar intocado lo anteriormente ya discutido en esa Suprema Corte.

Continuando con el debate, el diputado del PRD Gerardo López expresó que se debe recordar que el pueblo busca ser representado dignamente, lo que es una obligación, en cuanto a velar por los intereses de Baja California. 

Recordó que en comisiones ya había manifestado que ya se cumplió con el objetivo de empatar las elecciones del estado con las federales, y que en ningún lugar se indica que debe ser con las federales. 

"Este nuevo cambio atenta contra la certeza jurídica y trasgrede el artículo 40 de nuestra Constitución", declaró.

Dijo que es "débil y superficial" la supuesta justificación de la iniciativa que pretende hacer creer que hay viabilidad jurídica para la misma.

"Es un acto repetido que atenta con el dictamen reciente de la Suprema Corte, a quien se debería consultar para determinar la viabilidad jurídica de la misma", consideró.

Aprovechó su uso de la palabra para señalar al diputado Molina, que dijo que se deben respetar los procesos legislativos, cuando ese legislador sabe perfectamente que no se hizo.