Proponen reducir requisitos a presentación de iniciativas ciudadanas La iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana fue presentada a nombre de la Fracción Parlamentaria del PAN
-La iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana fue presentada a nombre de la Fracción Parlamentaria del PAN -Se reduciría de 500 a 250 el número de firmas de ciudadanos MEXICALI.- La diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Modernización del Congreso, propuso reducir los requisitos para que la población presente iniciativas. El propósito es reformar los artículos 70, 71, 72 y 72 bis de la mencionada ley para facilitar el mecanismo que permite a la ciudadanía una participación en el desarrollo social. Dijo que los gobiernos tienen la encomienda de preservar y generar condiciones para que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones, toda vez que es a estos a quienes impactan dichas decisiones. La legisladora mencionó que, en los últimos años en México, se ha polarizado la sociedad derivada de los acontecimientos políticos, lo que ha provocado una atmósfera de despertar ciudadano, en la cual crece cada vez más el número de actores de la sociedad civil, que han levantado la voz. Sin embargo, agregó la diputada Amintha, todavía falta mucho camino por recorrer, ya que, entre la decepción política, la apatía o el desconocimiento de los instrumentos de participación ciudadana, “aun estamos lejos de sentirnos satisfechos con los niveles de participación ciudadana”. Briceño Cinco detalló que su iniciativa busca facilitar el acceso a la presentación de iniciativas ciudadanas, al reducir en un 50 por ciento el número de participantes requeridos para la presentación de estas. En la ley vigente se requiere de 500 firmas de ciudadanos para que sea aceptada una iniciativa ciudadana, mientras que la propuesta de la legisladora Amintha es que esta cantidad se reduzca a sólo 250. Además, la propuesta en mención no se limita al ámbito legislativo, sino que se extiende al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos, en materia reglamentaria, “donde las voces ciudadanas quieren ser escuchadas y tomadas en cuenta”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis jurídico.
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