Pueblo pagará 3 mil mdp por cancelación de desaladora en BC: experto

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- La demanda por 56 millones de dólares que al tipo de cambio actual es de mil 114 millones 80 mil  888 pesos con 24 centavos que interpusieron empresarios de los Países Bajos tras la cancelación del proyecto de la desalinizadora en Playas de Rosarito, tardará varios años en resolverse y terminará con más de 3 mil millones de pesos que deberán pagar los ciudadanos vía impuestos, indicó el fiscalista Adolfo Solís Farías.

En ese sentido, el experto explicó que en México, quienes toman las malas decisiones ni litigan bien y tampoco responden por el daño patrimonial que causan al erario.

"Decisiones de gobierno siempre van a cargo de los ciudadanos, no hay una sola decisión de gobierno que no sea cargo de los ciudadanos, las fallas presupuestales, la malversación, el uso indebido del dinero, los indebidos cobros, asignaciones presupuestales, cualquier decisión que sea errónea siempre va a cargo del ciudadano", expresó el abogado fiscalista.

Recordó que los litigios no se resuelven en meses, sino que muchos toman años y el gobierno debe de pagar también, todos los gastos que se derivan de una actividad irregular para responder en perjuicio de una empresa o una persona sufra en una actividad no regular en el estado.

"El gobierno lo que está haciendo es duplicando los problemas que tenemos, primero lo que genera por las malas decisiones", mencionó.

Y agregó "las áreas de responsabilidades nunca nunca responsabilizan a los que tomaron esas decisiones bebidas y mucho menos les cobran el daño patrimonial que ocasionan".

Demandan a México por cancelación de desaladora en gobierno de Bonilla

La cancelación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, decisión tomada durante la actual administración que encabeza Jaime Bonilla Valdez, ameritó que el gobierno de México fuera demandado por un panel internacional.

Lo anterior, trascendió en una publicación del periódico Reforma, investigación realizada por la reportera Aline Corpus.

De acuerdo al diario, la demanda tomó tono internacional debido a que en el proyecto había capital de empresarios de los Países Bajos.

La defensa por parte del gobierno mexicano está a cargo de la Secretaría de Economía, así como de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fue el pasado 29 de junio del 2020, cuando el gobierno de Baja California notificó de la cancelación del contrato y consecuentemente, aguas de Rosarito solicitó una indemnización por 56 millones de dólares por la cancelación del contrato firmado por el gobernador panistas Francisco 'Kiko' Vega de Lamadrid. 

Acorde al secretario para el Manejo Saneamiento del Agua de Baja California, Luis Salomón Faz, desalar agua mediante un proyecto de aguas de Rosarito en la modalidad de asociación público-privada (APP) representaba una gran cantidad de recursos por parte del gobierno.

Por último, agregó que la desaladora requeriría uno una erogación de 200 millones de pesos mensuales para pagar la APP, además del pago por el agua por un período de 37 años.