Baja California

Reforma contra el transporte en BC debatible en tribunales: CCSPBC

Es claro que no realizar un trámite para conducir un vehículo y ofrecer el servicio de transporte mediante plataformas digitales no es acto criminal.

por Uniradio Informa

19/06/2020 06:22 / Uniradio Informa / Baja california / Actualizado al 17/02/2023

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- Es claro que el no realizar un trámite para conducir un vehículo y ofrecer el servicio de transporte mediante plataformas digitales no constituye un acto criminal, por eso resulta claro que incluir esta figura en el Código Penal es claramente responder a una cuestión personal de los legisladores, expresó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla.

“Creo que las iniciativas estas del Congreso se pueden tumbar fácil, no le veo yo mayor problema, creo que se están excediendo en la manera en cómo están legislando y no creo que lo estén haciendo realmente por un bien comunitario y yo creo que están siguiendo intereses más de tipo personal”, comentó.

Asimismo, aseguró que lo aprobado ayer por la XXIII Legislatura es un asunto fácilmente debatible en tribunales, pues mientras no hacen lo necesario para evitar el transporte pirata, en el que sí se cometen delitos, atacan a pequeños empresarios y emprendedores que mediante estas aplicaciones intentan lograr un ingreso extra para sus casas.

“Una vez más, el transporte pirata es un problema grave en materia de seguridad, entendemos que está relacionado con actividades del crimen organizado, no están haciendo nada al respecto pero sí le están pegando a las industrias que están funcionando y que están relativamente bien reglamentadas; y digo relativamente porque siendo que sí se debe de regular este tipo de transporte, se le debe de dar el cause correspondiente, deben de pagar los impuestos correspondientes y los permisos, pero bajo ningún motivo puede ser un delito de tipo penal”, agregó.

Nadie está en contra de la regularización, pero forzar mediante la penalización el incumplimiento de una obligación administrativa solo genera incertidumbre jurídica por lo apelables que son en los tribunales.

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