Urge fortalecer inspección y vigilancia ambiental en BC

Se debe innovar para un mayor cumplimiento de la legislación

Oportuna, próxima creación de la Procuraduría Ambiental Estatal

TIJUANA.- La capacidad de inspección y vigilancia en los tres órdenes de gobierno es muy limitada, urge fortalecerla y modernizarla, pero también estimular el cumplimiento voluntario de la ley, a través de una herramienta innovadora y con una Procuraduría Ambiental Estatal.

Así lo remarcó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), quien aplaudió que la nueva administración estatal esté pensando en crear –por fin, luego de varios años de estar contemplada en la ley– una Procuraduría Ambiental Estatal que tenga esta área de inspección y vigilancia.

“Siempre es oportuno hacer lo correcto y hay que recordar que el indicador sano de inspección y vigilancia no significa más multas, sanciones o clausuras, porque el cumplimiento es justamente lo contrario, es evitar las infracciones; lo esencial de cumplir la legislación es tener metas e impactos ambientales positivos”, consideró.

Si se alcanzan a articular, añadió, a alinear la inspección ambiental municipal, estatal y federal, podrían crear sinergias y ser más efectivas, porque la disminución de recursos federales y la desaparición de delegados de la Semarnat y de Profepa, vuelve más estratégica, oportuna y necesaria una Procuraduría Ambiental Estatal.

“Desde antes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente enfrentaba la escasez de recursos, pero hoy se ha replegado, al menos geográficamente, hacia Mexicali; cerró oficinas en Tijuana y Ensenada, así que hoy es estratégico crear una Procuraduría Estatal que funcione y cubra todo el territorio de Baja California”, dijo.

Luego de que el gobierno estatal anterior desapareció la Secretaría de Protección al Ambiente del estado y creó una Subsecretaría, opinó que recuperar la jerarquía con la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es muy importante, pero solo si se tiene personal con perfiles profesionales y un presupuesto decente.

“La Procuraduría Ambiental Estatal deberá ser una dependencia que tenga expertos, técnicos con un perfil profesional alto que tenga sueldos decentes, no como los actuales, y que tenga capacidad de movilidad, vehículos y tecnologías, drones, que manejen sistemas de información geográfica y un área de inteligencia”, destacó.

Deben considerarse, opinó, las variables de giros de procesos industriales que son sensibles por sus procesos, materias primas y residuos, incluso por su geografía, al ser un área natural protegida o por la densidad urbana o en costas, esos criterios orientan un programa de inspección y vigilancia para aprovechar mejor los recursos.

“Esta Procuraduría Ambiental Estatal debe tener esta fuerza de comando y control, pero debe ir acompañada también por un brazo voluntario inducido, porque las empresas que se incorporan al programa de auditoría ambiental voluntaria se comprometen a tener un buen desempeño ambiental y exentan la inspección”, dijo.

No deben ser regulaciones de un solo nivel de gobierno, afirmó, sino de los tres órdenes de gobierno, para que sean empresas que cumplen realmente y acompañar esto con estímulos fiscales, programas de capacitación, etiquetados de negocio verde o alto desempeño ambiental, así como con el monitoreo reporte y verificación.

“Hay áreas que son de competencia estatal en el tema ambiental y otras que hoy son de competencia federal pero que podrían adquirirse y formalizarse; podría convenirse para que sea el gobierno estatal el que le destine recursos, pero con una estructura seria y bien presupuestada, además de personal experto”, expuso.

Egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable LEAD-México, que oferta el Colegio de México, Zavala Álvarez recalcó que la Procuraduría Ambiental Estatal podría tener un brazo para el sector industrial y otro para el sector recursos naturales, que es un tema muy extenso.

Podrían convenirse, explicó, atribuciones del gobierno federal; uno es vida silvestre, porque está realmente desarticulado, está fragmentado el tema en recursos naturales, unas cosas son competencia federal, otras competencia estatal y realmente no hay un modelo regulatorio integrado de visión completa.

“Hoy el estado da autorizaciones de vida silvestre en algunas áreas, pero la inspección y vigilancia es federal, a través de la Profepa, con las limitaciones ya conocidas; en la pesca, hay cosas que son competencia de Conapesca y otras de la Profepa, según se trate de especie protegida o no, falta poner orden”, comentó.

El ingeniero bioquímico indicó que una Procuraduría Ambiental Estatal debería tener cierta autonomía de la Secretaría, para que tenga pares con las otras dependencias, lo cual facilitaría un trabajo transversal en otros temas, como el ordenamiento territorial, porque gran parte de los conflictos inician con el uso de suelo.

Zavala Álvarez recalcó que la nueva Procuraduría necesitará no solo un equipo de expertos para trabajo de gabinete, tareas de oficina, estadística y procesamiento de información, sino también expertos en campo, para las labores de inspección y con conocimiento técnico en procesos.

“En el anterior Tratado de Libre Comercio el tema ambiental era algo voluntario y solo se hacía un expediente de hechos y una recomendación, pero en el nuevo TEMEC sí lo es, es todo un capítulo; hoy incumplir la legislación ambiental puede ser motivo de una controversia y sanciones económicas para el país”, finalizó.