VIDEO: Expropiación sin justificación legal ni constitucional: Solís

- Expertos han encontrado vicios suficientes para que el Poder Judicial de la Federación garantice la propiedad de los miembros del dicho Club Campestre.

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- El gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, no puede desposeer del inmueble del Campestre a sus socios, tampoco tomar las instalaciones, ni puede llevar a cabo una expropiación fuera de procedimiento, dado que hay varios juicios de amparo en los que se obliga a la autoridad estatal a mantener las cosas como están, explicó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

Indicó que los miembros del Club Campestre desde hace tiempo desplegaron una serie de acciones legales para proteger los intereses de sus socios y los propios jueces federales han obligado a la autoridad del Estado a que no manipule las partidas registrales como lo hicieron en la declaratoria publicada hace unos días.

"Y aunque estaban obligados a no cambiar,  a no manipular, a no eliminar esos derechos de propiedad del Campestre, en su declaratoria no les importó y por tanto, dicha violación se hará valer ante los tribunales y la autoridad deberá asumir todas las consecuencias legales penales que correspondan" expresó.

Tras la declaratoria del gobernador Bonilla Valdez sobre el Club Campestre, el fiscalista recalcó "esta declaratoria no tiene ninguna justificación legal ni constitucional, la hemos analizado y hemos encontrado vicios suficientes para que el Poder Judicial de la Federación garantice la propiedad de los miembros del dicho Club".

Por último, Solís pidió mantener la calma dado que "la defensa legal apenas empieza".

Intención de expropiar Campestre no prosperará, explica Fiscalista

- Sin sustento legal para expropiar el  Campestre, indica experto.

- La expropiación del Club Campestre sería una afrenta directa de la actual administración estatal contra el Estado Derecho, la propiedad privada, la libre asociación y los derechos humanos, advierten expertos.

- El mensaje que lanza el gobierno con el tema del Campestre generara desconfianza e incertidumbre para las inversiones; esa percepción de arbitrariedad resulta negativa para desarrollo económico de la entidad.

- Aún así, advierten especialistas, la intención no va a prosperar.

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- La expropiación del Club Campestre anunciado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la declaratoria de utilidad publicada el día de hoy en el Periódico Oficial del Estado es una afrenta directa contra el Estado Derecho y la propiedad privada.

El primer compromiso de todo gobierno debe ser el respeto irrestricto a los derechos humanos y uno de estos derechos es el de libre asociación y el derecho a la propiedad, explicó fiscalista, Omar Contreras Borbón.

Señaló que el mensaje que lanza el gobierno del Estado es  erróneo porque lejos de generar confianza y certidumbre para las inversiones, se genera la percepción de arbitrariedad en las decisiones gubernamentales. Es sin duda una mala noticia para el desarrollo económico de la entidad. La intención no va a prosperar. 

"El mensaje que se envía a la comunidad nacional e internacional es preocupante, donde no existe seguridad jurídica no hay condiciones para la inversión, este acto es preocupante porque rompe el derecho sobre la propiedad privada, lo que afecta a Baja California y a México en lo económico, pues los inversionistas tienen aversión al riesgo", expresó.

Opinó que es evidente que constitucionalmente las intenciones de expropiación se desvanecen, no tiene sustento legal, la causa de utilidad pública que propone es una arbitrariedad, no se cumplen los requisitos legales y mucho menos se ha propuesto el mecanismo para la indemnización de los propietarios del inmueble.

"Los considerandos 17 y 18 de la Declaratoria de Utilidad Pública establece que Tijuana no cuenta con áreas verdes para su esparcimiento; sin embargo, solo en la Delegación Centro de la Ciudad de Tijuana existen 22 parques habilitados y funcionando, por lo tanto, la acción no es proporcional", sostuvo.

Por último, dijo que la defensa jurídica por parte del Club Campestre y también de los asociados, tiene viabilidad, al estar violentando el derecho estipulado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " la expropiación resulta ilegal, no existe una justificación de uso público del predio ni una indemnización a los afectados".