Otra deriva autoritaria del presidente

Manuel Valenzuela V.

Sin guardar siquiera las formas, el presidente de la república propuso al Senado a tres de sus más fieles seguidoras de la 4T para que, de entre ellas, se escoja a la ministra que sustituirá a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le importó la necesaria independencia del Poder Judicial que la constitución establece.   

Las personas propuestas fueron: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación e hija de Bertha Luján, que hasta hace poco presidió el Consejo Nacional de Morena y antes fue contralora del gobierno de la CDMX en la administración de López Obrador; Lena Batres Guadarrama, hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México y conocida militante de la 4T; y a la señora María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República. 

Es obvio que ninguna de ellas cumple con el requisito de independencia que requiere el alto cargo de ser miembro del máximo tribunal del país para garantizar la imparcialidad en la impartición de justicia. Ninguna de ellas es reconocida por ser una prestigiada constitucionalista del país, de tal manera que se justificara su propuesta. Claramente el único requisito que cumplen es el de ser amigas y leales seguidoras del presidente. 

A todas luces esta acción es un exceso del presidente y una falta de respeto al principio de división de poderes y, en particular, a la independencia del Poder Judicial. Con esa propuesta el presidente se aparta completamente de la tradición liberal que inspiró a las constituciones de Occidente incluyendo a la mexicana. En su lugar se coloca en la corriente de los gobiernos autoritarios que favorecen el poder del soberano sobre el principio republicano de la división de poderes. 

Seguramente los seguidores del presidente justificarán el hecho, como lo hacen acríticamente con todas las decisiones del mandatario, argumentado que antes se hacía de la misma manera y que nadie decía nada, pero la verdad, no recuerdo que ni siquiera en el autoritarismo priista, se haya hecho con tal descaro. El presidente continuamente dice que ellos, los de Morena, no son iguales a los de antes, pero decisiones como éstas muestran lo contrario. 

Más allá de las cuestionables ventajas que este intento casi postrero del presidente por controlar a la Corte y poner a una incondicional, me parece que le hace un gran daño a su propio legado, que a él parece interesarle mucho. El simple hecho de plantearlo rebaja (¿o la ubica en su dimensión?) su estatura intelectual o moral. Es evidente que el presidente no cree en un gobierno republicano basado en la división de poderes, cree en la voluntad del soberano, al que los demás deben obedecer.  

Cuando Montesquieu, siguiendo un planteamiento inicial del John Locke en su "Tratado del Gobierno Civil", se refirió a la importancia de la separación de los tres poderes (libro XI de su obra "Del Espíritu de las Leyes"), lo ligó a la necesidad de asegurar libertad del individuo y como una forma de liberarse de la voluntad del soberano, la cual podría derivar en un uso despótico del poder. Leamos los siguientes párrafos extraídos de la edición de Porrúa de la obra del teórico francés:

"Cuando el poder Legislativo y el poder Ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos de manera tiránica." (p. 146, segundo párrafo). "No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Legislativo y del poder Ejecutivo." (p. 146, tercer párrafo).  "Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos ante particulares." (p. 146, cuarto párrafo).

Por ello, me parece que la propuesta del presidente de mandar al Senado una terna de personas incondicionales no debe leerse como una ocurrencia más del Ejecutivo sino como una expresión de su visión autoritaria del poder y como un intento de controlar la Suprema Corte, a pesar de que él ya está por concluir su mandato.  

Hay otros elementos que preocupan de la decisión: el intento de privar a la próxima presidenta (ya sea Sheinbaum o Gálvez) de proponer al ministro(a) sustituto(a) de Arturo Zaldívar una vez que este concluyera su periodo, lo cual sería el año próximo. ¿Por qué forzar a Zaldívar a renunciar un año antes? No es difícil suponer que lo hizo porque quiere ser él quien proponga al sustituto. 

Esta decisión es muy parecida a la del Partido Republicano de Estados Unidos, cuando impidió a Obama en 2016 nombrar al sustituto del ministro Anthony Scalía, que murió ese año siendo el último de Obama como presidente. Lo hicieron para que fuera el siguiente presidente (a la postre Trump) el que propusiera al Senado al sustituto. En este caso es al revés, forzar una renuncia anticipada, sin que medie causa grave como señala la Constitución, para ser él quien proponga al nuevo ministro, pero la conducta es exactamente la misma. ¿No le tiene confianza a Sheinbaum, o piensa que esta puede perder? 

El silencio y la complicidad de Claudia Sheinbaum ante este suceso, lo mismo que al invitar a Zaldívar a integrarse a su equipo y publicar una foto de ambos, así como su nula reacción ante el desplazamiento de su candidato preferido al gobierno de la CDMX, Omar García Harfuch, son datos que no auguran nada bueno para el país en el futuro próximo. Por el contrario, dejan serias dudas acerca de la voluntad del presidente de alejarse del poder una vez que concluya su periodo. Estas decisiones más bien parecieran apuntar a un intento de maximato estilo callista. Ojalá estemos equivocados.