UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó hace unos días las cuentas bancarias de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, y retiró sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas, por orden de Tribunal Colegiado.

Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificaron el amparo que un juez de Distrito concedió a la pareja contra el congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, y declaró infundado el recurso de revisión que la UIF de Pablo Gómez Álvarez interpuso contra dicha sentencia.

Por mayoría de votos, los magistrados determinaron que la Unidad de Inteligencia Financiera vulneró el principio de seguridad jurídica al bloquear las cuentas bancarias de Gómez Mont y su esposo, ya que "en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que, en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por el texto constitucional".

Asimismo, señalaron que la inclusión de la pareja "en la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, adolecía de la debida fundamentación y motivación...".

"En tales condiciones, al no cumplirse con los requisitos de debida fundamentación y motivación, que prevé el numeral 16 Constitucional, debía declararse fundado el concepto de violación esgrimido y otorgar el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos".

Cabe recordar que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son considerados prófugos de la justicia, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) los busca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos.