A 136 empleados les dieron su base el día de su ingreso a la administración de Bonilla

BAJA CALIFORNIA.- El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California, Juan José Pon Méndez aclaró las presuntas irregularidades cometidas durante la administración estatal a cargo del ahora exgobernador Jaime Bonilla siguen su curso en las diferentes instancias, al aclarar que ninguna ha sido archivada.

"Siguen su curso las denuncias contra las irregularidades cometidas durante la administración de Jaime Bonilla, aclararon funcionarios estatales, al aclarar que algunos de los temas conllevan cierta secrecía por asuntos jurídicos, pero que las investigaciones y revisiones continúan", comentó Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California.

Por su parte el funcionario estatal Juan José Pon, aclaró que algunos procesos conllevan cierta secrecía por asuntos jurídicos, pero que todos seguían en proceso.

Entre las denuncias están las relacionadas con la Secretaría de Salud, a cargo de Alonso Óscar Pérez Rico durante ese periodo, sobre al menos diez irregularidades en la adquisición de medicamentos.

Cabe recordar que en el mes de mayo, dieron a conocer que "En el caso particular de Pérez Rico, está siendo investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas".

Entre las irregularidades esa señalada adquisición de medicamento a sobreprecio, pero también por parte de la Secretaría de Educación Estatal, la compra de uniformes para estudiantes durante la época de pandemia por Covid-19, cuando se suspendieron clases y no se necesitaban, y la adquisición de lavabos para escuelas.

En específico, el 31 de mayo se dio a conocer sobre el caso de que por presuntos desvíos por más de 90 millones de pesos en la adquisición de uniformes escolares durante la pandemia y un faltante de 4 mil 600 lavamanos móviles, el Gobierno de Baja California investigaba a exfuncionarios públicos de la Secretaría de Educación en la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

Los mismos funcionarios participaron en el ilícito, "cuando compraron 6 mil lavamanos para escuelas, y hay un faltante de 3 mil 400 unidades, participaron siete proveedores y 15 servidores públicos, con un daño al erario por 66 millones de pesos".

Destacaron que la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California, de manera unánime votó por no aprobar la cuenta pública del 2021 del ejercicio público estatal, es decir, el correspondiente al gobierno de Jaime Bonilla, esto por una serie de 76 observaciones de irregularidades en ese periodo.

Entre las situaciones que se observaron, investigan y se les dará seguimiento se encuentran casos en los que se adjudicaron de manera directa, más de 510 millones de pesos, que a 136 empleados les dieron su base el día de su ingreso a la administración, que hubo un exceso de pagos por trabajos de obras que además nunca se realizaron, y que no se registró en Contabilidad el contrato plurianual de la famosamente fallida e inexistente planta fotovoltaica, entre otras observaciones.

Este dictamen con estos asuntos pasarán al pleno del Congreso de Baja California, tras lo cual vendrían más denuncias penales y administrativas

Por su parte, la Gobernadora de Baja California planteó que seguirán las investigaciones necesarias, ya que lo que se ha ventilado son faltas graves, y que estarán atentos a lo que en su momento procesa.