Aprueba Congreso de Baja California la tipificación del delito de fraude familiar en el Código Penal

Se aplicará sanción de uno a cinco años de prisión, de cien a trescientos veces la UMA y la reparación del daño

La iniciativa fue suscrita por la diputada Michel Sánchez Allende con base en las propuestas para atender la Alerta de Violencia de Género

MEXICALI.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia que preside la diputada Norma Angélica Peñaloza, presentó el dictamen número 3 respecto a iniciativa que reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, con la finalidad de tipificar el delito de Fraude Familiar.

La iniciativa fue suscrita por la diputada Michel Sánchez Allende, quien subrayó que resulta necesario legislar para que esta conducta se establezca en el código local, tal como lo recomienda la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), "resulta necesaria la creación de una nueva figura penal denominada fraude familiar, para sancionar aquellas conductas tendientes a ocultar o transferir bienes del patrimonio común o familiar a terceros, causando perjuicios a la familia en sus bienes y patrimonio".

Con base en el análisis realizado por la Comisión Dictaminadora, se concluyó que la propuesta legislativa es acorde a derecho, por lo que se aprueba la adición de un artículo 222 Ter al Código Penal estatal para quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común, generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera sin autorización expresa, bienes a nombre de terceros y se le aplicará una sanción de de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la reparación del daño, además este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.

Cabe destacar que el Código Penal Federal tipificó el Fraude Familiar con la publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2012, además trece estados de la república también han sancionado esta conducta en sus Códigos Penales: Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Estado de México pero, entre los demás estados, quedaba pendiente Baja California.