Aprueban reformas para garantizar trabajo digno y seguridad social para adultos mayores

MEXICALI.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presentó el Dictamen número 123 respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California, mismo que fue aprobado con 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

La iniciativa fue presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, con el objetivo de implementar mecanismos para el seguimiento que garanticen el acceso al trabajo y de seguridad social de las personas adultas mayores. "Las políticas públicas y de bienestar en tema de adultos mayores deben de alinearse a garantizar una vida digna, decorosa y productiva, eliminando todo posibilidad de que las oportunidades laborales y sus condiciones sean precarias atentando así contra sus derechos humanos", indicó.

Se destacó que el derecho de este sector de la población a un empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, van orientadas a la no discriminación a fin de asegurar sus necesidades básicas, así como la posibilidad de que desarrollen su capacidad en un entorno social incluyente, por lo que se encuentra debidamente regulado en el marco jurídico internacional.   

Es por ello que la Comisión coincide plenamente con el diagnóstico y propuesta de la inicialista y lo acompaña en su pretensión, pues cierto es que, resulta indispensable reconocer los esfuerzos sociales que abonen a una sociedad más inclusiva, por lo que las personas adultas mayores deben ser protegidas en su totalidad, garantizado en todo momento el respeto de su dignidad humana a través de la toma de las medidas necesarias.

En ese sentido la Comisión dictaminadora expuso que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales previstos en los artículos 39, 40, 41, 43, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4, 5 y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.