En Congreso de Baja California proponen tipificar en el código penal el robo de autopartes como delito autónomo

El robo de autopartes es un delito en crecimiento que afecta la seguridad y economía de las familias: Dip. Diego Echevarría.

La Iniciativa busca actualizar la ley, reforzando las penas y las herramientas legales.

BAJA CALIFORNIA.- El diputado Diego Echeverría Ibarra presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal el robo de autopartes de manera independiente, desvinculándolo del robo de vehículos completos, proponiendo una pena de prisión de uno a cinco años, ya sea para quien cometa la conducta o para quien realice actividades relacionadas con la posesión, comercio o distribución de una o más partes de vehículos de motor. 

Actualmente, el robo de autopartes no se considera un delito autónomo y solo se sanciona cuando el vehículo completo ha sido robado. Esto limita las penas, ya que solo se castiga el desmantelamiento o venta de partes si el automóvil fue robado en su totalidad, con penas de seis meses a tres años de prisión según el valor del bien sustraído.

Diego Echevarría enfatizó que el robo de autopartes se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en Baja California, debido a la facilidad con la que los delincuentes lo cometen, ya que con una simple pueden remover una pieza de un vehículo de motor en lugares públicos, lo que lo convierte en un delito de fácil perpetración y difícil detección.

"Este tipo de robo afecta a miles de ciudadanos, quienes al dejar sus vehículos estacionados en la vía pública se enfrentan a la desagradable sorpresa de encontrar partes importantes de sus autos sustraídas, como baterías, catalizadores, computadoras, rines, espejos y otros componentes. Esta conducta ha dejado a muchas personas sin sus bienes más preciados, afectando no solo su patrimonio, sino también su tranquilidad y seguridad", subrayó.

La intención de la reforma es fortalecer la prevención, investigación y sanción del robo de autopartes, eliminando la impunidad y protegiendo eficazmente los bienes de los ciudadanos, garantizar una justicia pronta, transparente y respetuosa de los derechos humanos, dentro de un sistema penal que responda a las necesidades de la sociedad actual.
"Esta medida, además de contribuir a la seguridad, busca proteger el patrimonio de los ciudadanos, proporcionando una herramienta jurídica más para combatir el crimen en Baja California", expuso el legislador.