Extraditan a presunto operador del Cártel de Sinaloa desde Mexicali para enfrentar cargos en EEUU

SAN DIEGO.- Marco Antonio López-Guerrero, presunto traficante de metanfetamina originario de Mexicali y vinculado al Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos el 24 de octubre para responder a múltiples cargos federales relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

López-Guerrero fue acusado por un gran jurado federal del Distrito Sur de California en julio de 2020. La acusación lo señala por conspiración para importar y distribuir metanfetamina, intento de exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México. De acuerdo con documentos judiciales, presuntamente utilizaba a niñas para cruzar metanfetamina a pie por garitas del sur de California y distribuyó droga en San Diego, San Bernardino y otras zonas. También habría empleado una aeronave ultraligera para transportar narcóticos y trasladar armas a México, incluido un fusil AR-15 de cañón corto sin número de serie y más de 150 cartuchos.

Tras su extradición, el acusado compareció por primera vez ante una corte federal el 27 de octubre, donde se declaró no culpable ante la jueza magistrada Karen S. Crawford. Después de una audiencia de detención realizada el 30 de octubre, se ordenó que permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Su siguiente cita en tribunales está programada para el 21 de noviembre de 2025, para una audiencia de mociones y fijación de fecha de juicio, a cargo de la jueza distrital Jinsook Ohta.

La investigación que derivó en su captura permitió el decomiso de más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo, 2 kilogramos de heroína, así como armas de fuego y municiones. En el operativo participaron la DEA, HSI, el Departamento del Sheriff del Condado de Imperial, Patrulla Fronteriza Sector El Centro, el programa OCDETF y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, además del Servicio de Alguaciles de EE. UU. que coordinó su traslado.

López-Guerrero, de 34 años, enfrenta cargos que contemplan penas máximas que van desde 10 años de prisión como mínimo obligatorio hasta cadena perpetua, además de multas millonarias.

Las autoridades recordaron que los cargos en una acusación formal son únicamente alegatos y que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. El caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), destinada a combatir cárteles criminales, organizaciones delictivas transnacionales y redes de tráfico de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.