Impulsa Congreso del estado iniciativa para reforzar control de armas El Poder Legislativo de Baja California emitirá la propuesta al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión
La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo establece que los particulares acrediten el origen y la adquisición legal de las armasBAJA CALIFORNIA.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, se aprobó por 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen número 5 de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, por la cual se propone al Congreso de la Unión reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, establece como requisito indispensable que los particulares acrediten el origen y la adquisición legal de las armas al momento de manifestarlas para su registro, con lo que se pretende contribuir al combate del tráfico ilegal y reducir su utilización en la comisión de delitos. En la exposición de motivos la legisladora señaló que, si bien existen disposiciones que regulan la posesión, portación, comercialización y otras actividades relacionadas con las armas, es indispensable mantener revisión constante de las legislaciones, lo que permitirá adelantarse a los riesgos derivados del acceso descontrolado y el comercio ilícito de armamento. Dentro de las razones en las que se sustenta la propuesta legislativa, la Comisión dictaminadora destaca cuatro ejes: Tráfico y disponibilidad de armas; vacío legal en el registro; legalización de armas de origen ilícito y la necesidad de acreditar el origen. Cabe destacar que, a fin de armonizar el ordenamiento vigente y garantizar la viabilidad jurídica de la iniciativa se incorporó un ajuste técnico derivado del decreto promulgado y publicado en el mes de mayo de 2025, en fecha posterior a la presentación de la iniciativa, mediante el cual se efectuó una reforma de carácter estructural a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En ese sentido, la Comisión dictaminadora concluyó que la propuesta legislativa se fundamenta en disposiciones constitucionales, con relación directa a las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y se considera jurídicamente procedente. Asimismo, al tratarse de una materia de competencia del Congreso de la Unión, y conforme a las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, le otorga al Congreso del Estado, remitirá la propuesta al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión.
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