Plantean en Congreso de Baja California que no accedan a las candidaturas personas sancionadas por corrupción

Con este "candado" a la Constitución local la Diputada Mayola Gaona busca que aspirantes a gobernador, diputados o alcaldes, no tengan antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves.

El desvío de recursos, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, son algunas de las faltas graves previstas por la Ley en la materia.

BAJA CALIFORNIA.- La Diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó una iniciativa para que las personas que aspiren a los cargos de elección popular como: gobernador, diputado local e integrante del Ayuntamiento, no deban contar con antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves.

Así mismo, se busca con su Iniciativa de adición a dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que no puedan acceder a las candidaturas, las personas sancionadas por temas de corrupción, ya sea por la vía administrativa o penal.

Esta medida ocasionará que aquellos servidores públicos, se desempeñen en apego al marco legal y se abstengan de realizar conductas que provoquen daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 

Dado que, con este "candado" no solamente se les impondrán las sanciones que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, sino que ahora, estarán inelegibles para ser candidatos dentro de una elección popular.

De manera enunciativa, algunas de las faltas graves previstas por dicha Ley, son: cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, tráfico de influencias, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubriendo, desacato, entre otros.

Finalmente, Mayola Gaona dijo que la exclusión de tales pretensos candidatos, es crucial para asegurar la integridad de las instituciones democráticas, proteger la confianza de los ciudadanos y promover la transparencia en el gobierno.