Sancionan a empresa de seguridad que prestaba sus servicios en centro migratorio de Juárez

(EL UNIVERSAL).- La empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V, era la que prestaba sus servicios en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos la de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que a raíz del incendio que dejó 39 muertos, el gobierno federal decidió revocarle el permiso y aplicarle una sanción económica.

A partir de este viernes las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez serán asumidas por elementos del Servicio de Protección Federal, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rodríguez Velázquez precisó que el contrato suscrito por el gobierno y la empresa era para proporcionar seguridad en todo el territorio nacional.

"De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República", explicó.

"Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes", destacó Rodríguez Velázquez. 

La funcionaria destacó que la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir no reportó altas o bajas del personal.

"Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informó que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponer una multa económica", precisó. 

La funcionaria puntualizó que este proceso administrativo sancionador contra la empresa es paralelo a la investigación que lleva a cabo la FGR sobre los hechos trágicos del 27 de marzo en Chihuahua.