Gobierno criminaliza migraciones con excusa de la pandemia: activistas

-Carta de activistas a las autoridades mexicanas.

-Hacemos un llamado enérgico a las autoridades de la región a atender las necesidades humanitarias de las personas migrantes y quienes buscan protección internacional, con pleno respeto de sus derechos humanos.

-Hacemos un urgente llamado a la empatía y la solidaridad entre los pueblos centroamericanos y mexicanos hacia las personas en contexto de movilidad humana.

“Todos nos venimos, salimos en familia porque ya no

aguantamos la pobreza, no hay trabajo, ahorita por la

pandemia nos corrieron del trabajo, nos corrieron de la casa y

quedamos sin nada” Mujer hondureña.

MÉXICO.- El desplazamiento forzado de miles de personas en lo que se ha llamado “caravanas” es resultado de la corrupción, la inseguridad, las múltiples violencias, las muertes, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la militarización de las fronteras y el endurecimiento de las políticas migratorias en la región. Estas causas, que se profundizan con la pandemia por COVID-19, tienen un trasfondo político y económico estructural que son responsabilidad de los Estados centroamericanos, mexicano y estadounidense.

En consecuencia, entre la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1ro de octubre de 2020, un grupo de aproximadamente 2,000 personas salió de la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de emigrar hacia México y Estados Unidos. El grupo conformado por familias, mujeres, hombres, niñas, niños, y adolescentes acompañados y no acompañados, se dirigió, en su mayoría, a la frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala, mientras que otros grupos se dirigieron a la frontera de Agua Caliente. En ambas fronteras se encontraron con un amplio despliegue policiaco y militar con el objetivo de impedirles el paso, a pesar de esto, las personas continuaron su camino ingresando a territorio guatemalteco.

En respuesta, los gobiernos guatemalteco y mexicano emitieron una serie de comunicados que estigmatizan y criminalizan a las personas que en este momento se encuentran desplazándose hacia México. La respuesta emitida ha tomado como principal línea argumentativa el contexto de emergencia sanitaria, acusando sin fundamento, de un posible contagio. De esta manera, el gobierno guatemalteco preparó un “Protocolo de Alerta Temprana en Zonas Fronterizas” en donde convierte a la sociedad guatemalteca en “denunciante” de la presencia de personas migrantes ante las autoridades departamentales. Pese a que no ha sido ratificado, es una acción intimidatoria y de promoción de prácticas xenófobas.

Además, impuso un Estado de Prevención en seis departamentos fronterizos (Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula) excusando que la movilidad de personas que no pertenecen a esos territorios representa un riesgo de seguridad y salud pública. Esta medida prevé disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública sin autorización, o que afecte la libre locomoción de personas o servicios públicos, y la limitación, por parte de las fuerzas de seguridad, de la salida de personas del país que no cumplan con medidas sanitarias. Las declaraciones del gobierno guatemalteco, identifican a la niñez migrante acompañada y no acompañada, a las mujeres y las personas adultas mayores, como “escudos humanos” de estos movimientos migratorios, denostando los motivos de sus huidas. 

Por su parte, el gobierno mexicano publicó un comunicado de prensa, señalando que de acuerdo a los códigos penales de Chiapas y Tabasco se puede sancionar con una pena de entre 5 y 10 años de prisión a las personas que pongan en riesgo de contagio a otras, llevando al ámbito penal un hecho que requiere atención desde la protección y garantía de derechos humanos, y en consecuencia, un despliegue de atención humanitaria que permita garantizar los derechos a la seguridad, a la salud y a la vida de las personas en movilidad, poniendo especial atención en los niños, niñas y adolescentes que integran el contingente. Es importante señalar que durante los siete meses que lleva la contingencia sanitaria en el país, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido negligente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes a quienes incluso abandonó en la frontera sur mexicana, poniendo en riesgo su salud, sin que hasta el momento exista sanción alguna en contra de quienes ordenaron dicha acción.

Cabe señalar que el gobierno mexicano ha expresado su rechazo a las medidas punitivas para el control de pandemia de COVID-19, por tanto, estas declaraciones denotan un trato abiertamente discriminatorio hacia las personas en contexto de movilidad. Por primera vez se amenaza con aplicar el derecho penal de manera generalizada, faltando al debido proceso y el marco constitucional. Por tanto urgimos a que detenga todo tipo de declaraciones que acrecienten la discriminación y xenofobia en contra de las personas migrantes, en congruencia con los diversos comunicados y mensajes emitidos por la Secretaría de Salud Federal, acerca de no discriminar bajo ningún motivo a diversos sectores sociales a lo largo de la pandemia.

Las acciones de control migratorio de ambos países se caracterizan por la falta de protocolos y de respeto alguno de las medidas sanitarias, poniendo en riesgo la vida misma de las personas migrantes. La evidencia nos ha demostrado que criminalizar la migración con medidas de “cero tolerancia” orilla a las personas a condiciones de vulnerabilidad extrema que provocan daños irreparables, como el lamentable fallecimiento de un joven hondureño ocurrido ayer en su tránsito por Guatemala. 

Estas políticas tienen consecuencias como la separación familiar, detenciones prolongadas, hacinamiento, incremento en gastos económicos, y en casos extremos, tortura e incluso muertes personas en movilidad, lo que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Las políticas punitivas regionales de contención y criminalización sólo contribuyen a agravar la crisis humanitaria de migración y refugio, en lugar de promover políticas de corresponsabilidad que atiendan las causas estructurales de las migraciones y atiendan de manera adecuada la protección de las personas ante los riesgos de la pandemia por COVID-19.

Por lo anterior, quienes firmamos hacemos un fuerte llamado al gobierno mexicano y guatemalteco para:

1. Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que se desplazan forzadamente en “caravanas”.

2. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y brindar asistencia humanitaria a los grupos que hoy se desplazan, procurando garantizar el derecho a la salud. Así como, garantizar los derechos de todas las personas que los integran, en especial los de las niñas, niños y adolescentes quienes bajo ninguna circunstancia deben ser detenidos.

3. Cesar los discursos discriminatorios y xenófobos que alimentan actos de violencia en contra de las personas en contextos de movilidad.

4. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las comunidades a ser empáticas y solidarias con quienes buscan protección y una vida digna.