Peligran precios de telefonía e Internet; aumentarían en 2021

MÉXICO.- Para el 2021, Hacienda tiene la propuesta de aumentar el cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro en la banda de 800 MHz que se usa para que los clientes tengan acceso a servicios de telefonía e Internet móviles.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, la federación asegura que las cuotas de los derechos que se cobran en México por esta frecuencia se encuentran por debajo de sus referencias a nivel mundial.

De aprobarse el incremento, los usuarios de telefonía e Internet móviles pagarán el alza en el pago por el uso del espectro radioeléctrico que las telefónicas deben realizar cada año, explicó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

“La justificación económica de las empresas es que se elevó la estructura de costos, al conservar el margen de ganancias tengo que elevar los precios y lo que al final termina sucediendo es que es el consumidor el que lo paga, si no todo, una proporción sí”, detalló Ernesto Piedras.

El espectro radioeléctrico es un recurso que utilizan las telefónicas para brindar servicios móviles y pertenece al Estado, por lo que deben pagar por su uso y aprovechamiento.

Piedras recalcó que el gobierno aumenta el costo del espectro porque sabe que para el consumidor estos servicios son esenciales, mientras que para las empresas es un recurso indispensable.

“Las empresas deben usar ese espectro para no salir del negocio, y por más que se diga que es un impuesto a la producción, siempre que una empresa lo pueda transferir al consumidor, lo hará, no se lo puedes prohibir”, subrayó Piedras.

Samuel Bautista, analista de The CIU, indicó que el incremento propuesto por el gobierno federal es de 56%, lo que resulta desproporcionado.

“Este incremento es varias veces más que la inflación que incluso se considera en los criterios de política económica del paquete mismo”.

Además de arriesgar las tarifas para el usuario final, Bautista explica que puede poner en riesgo la convocatoria de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a realizarse a finales de este año, pues desincentiva la participación de concesionarios.