La Policía Nacional española ha desarticulado una presunta rama española del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, surgida como una escisión del Cártel de Sinaloa. En los diferentes operativos se detuvo a 20 personas vinculadas al tráfico de cocaína y metanfetamina en Europa. La operación, realizada conjuntamente con la DEA (Administración para el Control de Drogas) de Estados Unidos, la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) y la policía neerlandesa, también reveló vínculos con la Camorra napolitana e identificó a un empresario español que, a través de varias empresas, gestionaba la logística del cártel. Según la Dirección General de la Policía, el grupo se encargaba del contrabando de estupefacientes desde Centroamérica y Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos, ocultándolos en maquinaria industrial. Las operaciones de almacenamiento se realizaban en fincas aisladas de la Sierra de Madrid y de la provincia de Ávila, en Castilla y León, mientras que la distribución se coordinaba desde una finca cerca de La Adrada, en la provincia de Ávila, con sucursales en ciudades como Bilbao, en el País Vasco, y Valencia. A nivel internacional, el cártel mantenía contactos con la Camorra napolitana, en particular con el clan Amato-Pagano, según la policía. La organización disponía de otras propiedades en Talavera de la Reina (Toledo), en Castilla-La Mancha, para el tránsito de la droga, que posteriormente se enviaba, oculta en maquinaria industrial, a Italia. En septiembre, se identificó un primer cargamento de cocaína con destino a la Italia continental, vinculado a un líder del clan Amato-Pagano, cuya identidad, sin embargo, no se ha revelado. Según la investigación, el responsable de toda la logística en España para la recepción, el almacenamiento y la distribución era un empresario ibérico que utilizaba diversas empresas comerciales de su propiedad, a través de las cuales también blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico. La operación se llevó a cabo en dos fases: una para detener a miembros clave de la organización y otra para desmantelar puntos de distribución en España. El tribunal ordenó el ingreso en prisión de 15 de los 20 detenidos. Entre ellos figuraban dos objetivos considerados de alta prioridad por la DEA, cuyas identidades no se han hecho públicas.
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