Obtiene FGE sentencia de 22 años para responsable de homicidio

• Además, se le impuso el pago solidario de 730 mil 400 pesos de indemnización por muerte.

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, logró que el juez de control dictara sentencia condenatoria de 22 años de prisión a Adrián Eduardo Astorga Flores por los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en su grado de tentativa.

Además de la pena privativa lograda a través de un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 714/2018, se le impuso al responsable el pago por reparación del daño por la cantidad de 730 mil 400 pesos.

De acuerdo a la investigación realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, los hechos se registraron el 23 de noviembre de 2017 en la colonia Sánchez Díaz, delegación Sánchez Taboada, donde perdiera la vida, por disparos de arma de fuego, el de nombre Yovanic Esteban N., y se lesionara a David Sebastián N.

De la investigación se desprendió que alrededor de las 14:20 horas del 23 de noviembre, Adrián Eduardo, llegó en compañía de otras personas al domicilio a bordo de un vehículo, desde el cual disparo en varias ocasiones en contra de las personas afectadas, para posteriormente darse a la fuga.

Durante la investigación y entrevista de testigos, así como la entrevista a la parte denunciante, se acreditó plenamente la responsabilidad de Adrián Eduardo Astorga Flores, por lo que fue solicitada la orden de aprehensión, misma que se cumplimentó el 25 de febrero de 2021.

Con los elementos suficientes y tras aplicar el sistema de procedimiento abreviado, el juez de control dictó la sentencia condenatoria imponiéndose la pena de prisión de 22 años y 2 meses, además de que se condenó al acusado el pago solidario de 730 mil 400 pesos de indemnización por muerte.

La Fiscalía General del Estado de Baja California, con profesionalización y apego a los procesos legales, sigue integrando las indagatorias de manera sólida, lo que permite que las personas con cuentas pendientes ante la justician puedan recibir el peso de la ley por los delitos cometidos.