Arrancan en San Lázaro audiencias públicas sobre feminicidios

México, (Notimex).- Al grito de ¡Justicia!, y entre relatos de familiares de víctimas de feminicidios, arrancaron en la Cámara de Diputados las Audiencias Públicas Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional.

“Mi hija, el 27 de Marzo de 2017 fue asesinada al regresar de su trabajo a las puertas de su hogar. Esto fue hecho por dos sicarios, contratados desde el reclusorio por su esposo, Alberto Medina Sonda", relató Ligia Canto Lugo sobre el caso de feminicidio de su hija, Emma Gabriela Molina Canto.

“Mi nombre es Fatima, y hoy vengo hablar aquí, a mis 12 años, a través de la voz de mi madre, porque yo ya no puedo. El 5 de febrero de 2015, tres de mis vecinos me interceptaron en mi camino cuando regresaba de la escuela. Cien metros antes de llegar a casa me privaron de la libertad, me violaron, me torturaron, me cortaron, me lapidaron, me asesinaron y me enterraron”, expuso  Lorena Gutiérrez Rangel.

Durante las primeras audiencias públicas, una a una de las familiares de víctimas exigieron justicia, cero tolerancia y que no haya ni mujer más asesinada. Pidieron investigar de oficio con perspectiva de género la muerte de mujeres por violencia, y ceñir las averiguaciones al debido proceso.

Dejen impunidad, corrupción, indiferencia, negligencia, omisiones y discriminación. Cumplan los protocolos especializados fijados por la Suprema Corte de Justicia (sentencia Mariano Lima) y organismos internacionales (sentencia de Campo Algodonero), pidieron.

Afirmaron que los feminicidios aumentan porque en México "no pasa nada"  ni se castiga a nadie, pese a que nueve mujeres mueren al día por ese delito.

Prevalece el rezago, porque existen casos con 18 años de antigüedad sin que avance el proceso; se pierdan expedientes, incluso se premia a policías con ascensos por eliminar pruebas y coludirse para fabricar culpables, señalaron.

Los agresores están en la calle, mientras que las madres que exigen justicia han sido víctimas de atentados, amenazas y despidos injustificados de sus empleos.

Exigieron castigar de forma ejemplar a los asesinos y funcionarios irresponsables, porque han obstruido el acceso a la justicia; policías, ministerios públicos y jueces disfrazan los feminicidios por suicidios. Dicen y hacen lo que quieren ante la agresión y abusos contra las mujeres.

Natalia Calero, integrante de la Organizacón de las Naciones Unidas (ONU)  Mujeres, urgió al Estado a adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones forzadas en nuestro país.

Es necesario, advirtió, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, incluyendo a los agentes estatales y no estatales, así como un código penal único, que es una de las formas para enfrentar la problemática de homologación.

Desde las Naciones Unidas “hacemos un llamado a las instituciones públicas para implementar acciones y poner en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencia.

A su vez, Nira Cárdenas Oliva, de ONU-Derechos Humanos, sostuvo que se necesitan los espacios de diálogo entre sociedad civil y Estado, porque desde el enfoque basado en los derechos humanos se permite generar una acción común e identificar soluciones medibles y sostenibles.

Informó que en México, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha trabajado en muchos espacios para fortalecer las capacidades técnicas, conocimientos, mejoramiento de protocolos de investigación, de búsqueda, con las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que incluye Alertas de Violencia de Género.

“Compartimos en mucho las observaciones, las frustraciones y comentarios de quienes han sido víctimas y siguen en la lucha, y el reto, sin embargo parece ser más vigente que nunca”, externó.

Señaló que el Estado tiene muchos pendientes en materia de derechos de las mujeres, como la garantía sexual y reproductiva, enfrentar la creciente violencia contra mujeres adultas, jóvenes y niñas.

Las estadísticas lo delatan: “en 2017 se tuvo un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres, tres veces más que en 2007.

De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se contabilizaron tres mil 606 feminicidios, solo en enero de este año más de 304 mujeres han sido asesinadas, de ellos, solo 75 han iniciado con protocolo de feminicidio”.

A la lista se suma la violencia sexual en víctimas niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas. A la fecha hay una violación cada hora en el país.

Cárdenas Oliva señaló que cada vez son más visibles las víctimas mujeres y niñas de desaparición forzada. El registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas cuenta nueve mil 327 mujeres en esta situación.

Sostuvo que la impunidad suscita enorme preocupación en el mundo, porque “cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además envía un mensaje a la sociedad de que la violencia masculina contra las mujeres es aceptable e inevitable”.

En tanto, la Magistrada de Circuito en el Centro Auxiliar de la Octava Región, con Residencia en Mérida, Yucatán, Mayra González Solís, se comprometió a trabajar desde su responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Reconoció que “los juzgadores no siempre pueden intercambiar la información con las víctimas de violencia porque su función implica buscar la posición de equilibrio, de armonización entre el debido proceso, la justicia y la reparación del daño cuando se ha cometido un delito”.

En su oportunidad, Dilcya Samantha García Espinoza, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, destacó que en esa entidad se ha logrado “sacar de las entrañas de la impunidad” muchos asuntos, aunque reconoció que el camino es incipiente y las metas, los objetivos son enormes.

Expresó que de las carpetas iniciadas en aquella entidad, 55 por ciento está judicializada y 30 por ciento tienen sentencias de condena, “pero esto no puede ser triunfalista. Hasta que no tengamos la última sentencia de feminicidio no podemos decir que hicimos nuestro trabajo cabalmente”.

Añadió que hay un camino brutal que falta por recorrer, empezando por realizar investigaciones con perspectiva de género.

La abogada feminista, Karla Micheel Salas, al referirse a la Sentencia de Campo Algodonero, emitida hace 10 años sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, afirmó que “estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios en México”. 20 años después “no se sabe la verdad, ni quiénes son los asesinos o qué grupos cometen esta serie de crímenes. La justicia no llega”.

El Estado no ha asumido plenamente esta obligación ni su deber jurídico, porque el presupuesto aprobado para este año en el Anexo 13, destinado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para prevenir y atender la violencia hacia ellas, en su mayoría se usa para pagar sueldos de funcionarios.