Río Sonora: apuestan al olvido, sobrevive la esperanza Don Toño sabe de lo que habla cuando se refiere a la baja producción de las últimas temporadas.
Por Eliana Alvarado Sonora.- Eran al menos cinco toneladas de cacahuate las que se producían por cada hectárea. Siete, incluso, si la temporada era muy buena. Ahora, don Toño siembra el producto, consciente de que lo más probable es que obtenga una tonelada y media. Su milpa, en Baviácora, queda a unos metros del cauce del río, muy crecido por las últimas lluvias. El verde de las plantas también da cuenta de que hay buen tiempo para la agricultura. Marco Antonio García Martínez tiene 76 años, y desde que tiene memoria su vida ha estado en el campo, en esperar la siembra y la cosecha de cada año. Por ello sabe de lo que habla cuando se refiere a la baja producción de las últimas temporadas. “Las tierras ahorita no dan ni producen lo que producían antes del derrame. Las tierras están intoxicadas también”, aseguró. Don Toño, como es mejor conocido, se refiere a la contaminación que sufrió el Río Sonora el 6 de agosto de 2014, con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. Ese día y las semanas posteriores cambió la vida para 22 mil habitantes de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Para don Toño, la afectación principal fue en el campo, donde vio perdida su cosecha de ese ciclo y donde, a siete años de distancia, aún no ve una recuperación. “El comercio de la región del río se perdió por un año, dos años. Y todavía, no crea que tienen confianza los mercados de lo que se produce aquí en la región. El chile, cacahuate, con todo lo que se produce hay desconfianza”, agregó. Metales en el cuerpo Los hermanos Rafael y José Luis Espinoza Montoya, de Arizpe, tampoco terminan por recuperarse. Aquel día en que ocurrió el derrame, recuerdan, cruzaron el río a pie para ir a su milpa, sin saber que el color cobrizo que tenía el agua era un indicador del desastre. José Luis resultó el más afectado de los dos. Una llaga en su pierna derecha es la muestra visible, pero los últimos análisis clínicos que le realizaron, hace dos años, indicaban que en su cuerpo había cadmio, plomo y arsénico. Entre 2014 y 2019, dijo, fue atendido por los médicos que eran enviados a los municipios para revisar a las personas afectadas en su salud por el derrame. Pero desde hace dos años se terminó la atención. “No, pues, no han venido para acá, no se han reportado... La última vez, no me acuerdo, no se han reportado. Quedaron de venir tres años, y les firmamos tres hojas, porque ellos quedaron, los de Ures, y no se reportaron... No se volvieron a ver”, expresó. De acuerdo con los últimos informes públicos del Fideicomiso Río Sonora, que se constituyó semanas después del derrame para resarcir los daños, fueron atendidas 358 personas con síntomas relacionados por la contaminación. Aunque, a decir de varios habitantes de la región, los casos de personas afectadas en ese sentido podrían contarse por miles, entre quienes han sufrido dermatitis, caída de cabello y problemas gastrointestinales por consumir agua contaminada. Martha Patricia Velarde, de Baviácora, ha sido durante siete años una de las personas más activas en la búsqueda de justicia para los habitantes del Río Sonora. Sus dos nietos tenían 4 y 6 años de edad cuando resultaron afectados por entrar en contacto con el agua, y a ella misma le han detectado la presencia de plomo. “A mí me ocasiona parestesia, las piernas, se me engarrotan los músculos y no puedo permanecer mucho tiempo de pie. Ya conforme va avanzando lo que se te va acumulando, te ocasiona problemas con tus articulaciones, te duelen las rodillas, te duele lo otro”, dijo. El agua, una incertidumbre En los pueblos del Río Sonora, la vida parece contarse en dos tiempos: el de antes, cuando el agua que se consumía era la misma que salía de la llave, y el de después, cuando los habitantes tuvieron que acostumbrarse a comprar uno, dos y hasta cinco o seis garrafones por semana. El antes y el después lo marcó el día de la contaminación. Luis Carlos Bustamante tiene 54 años y durante casi toda su vida ha sido agricultor en Banámichi. Hasta hace siete años, él y su familia consumían sin problema el agua de la llave. “Sí agarrábamos y comprábamos agua de garrafón, todo eso, pero muy a la larga. Antes ibas y te prendías de la manguera y tomabas agua, y ahora todavía no nos alcanzan los 15 mil pesos que nos dieron, después de tantos años, para estar comprando garrafones”, aseguró. Antes de la contaminación, Luis Carlos también era propietario de una carnicería. Pero después de la contingencia tuvo que cerrar el negocio, y aunque intentó reabrirlo más adelante, la crisis por la pandemia lo hizo desistir nuevamente. Los compromisos sin cumplir En septiembre de 2014, poco más de un mes después del derrame, el gobierno federal anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora, un fondo de 2 mil millones de pesos para resarcir los daños al ambiente y a los 22 mil habitantes afectados. Entre personas afectadas en su salud, agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y quienes pudieron demostrar que tenían una toma de agua, se repartieron 609 millones 265 mil 850 pesos, de acuerdo con el último resumen de pagos del Fideicomiso, con fecha del 2 de febrero de 2017. Otro de los compromisos para la remediación de los daños fue instalar 37 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados que podían estar presentes en el agua. Pero de las 37 plantas, sólo se instalaron 10. Y de estas, apenas dos, una en Bacanuchi y una en Banámichi funcionan de forma intermitente, según Rolando Díaz Caravantes, investigador en El Colegio de Sonora e integrante del Observatorio Río Sonora. “Tengo que remarcarlo, porque a veces, claro, también se topan con el problema de que no hay agua suficiente y tienen que ser sólo unas horas, o que, por ejemplo, en el caso de Bacanuchi, tiene generador eléctrico y no puede estar prendida todo el día, porque resulta que hay altos costos de combustible y tienen que operar unas horas”, explicó. Que no se haya cumplido con este compromiso con los habitantes del Río Sonora, consideró el investigador, es un reflejo de la desarticulación que se mostró desde un principio entre los tres niveles de gobierno para atender el desastre. “Este indicio de las plantas potabilizadoras nos deja ver cómo ha sido, y lo pongo entre comillas, la recuperación, porque ha habido una fallida acción en ese sentido. Y eso en cuanto a las que sí se instalaron, hay otros lugares que ameritan también una planta potabilizadora y simplemente no instalaron ninguna”, señaló. Queda la esperanza Arizpe es un pueblo acostumbrado a vivir de la esperanza, asegura Silvia Gómez. A la esperanza de que después de los tiempos de crisis, vendrá la calma y, con suerte, también la recuperación. Así pasó, recuerda Silvia, en los primeros años posteriores a la contaminación del Río Sonora y así ha pasado en los últimos dos años, con el impacto de la sequía y con la llegada del COVID-19. Esa misma esperanza de tiempos mejores es un sentimiento común no sólo en Arizpe; también en los otros seis municipios que conforman la ruta del Río Sonora. Han pasado siete años desde el derrame de desechos mineros, y aunque muchos habitantes consideran que el caso está quedando en el olvido, otros aún esperan justicia y remediación. La promesa en la que muchos habitantes han puesto nuevamente sus esperanzas es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 19 de mayo declaró que el caso del Río Sonora es un expediente abierto. Una lucha contra el olvido Para Rolando Díaz Caravantes, investigador en El Colegio de Sonora e integrante del Observatorio Río Sonora, pensar en una remediación de los daños para un desastre de tal magnitud es, hasta cierto punto, una falacia y es tal vez por eso que la apuesta, dijo, ha sido el olvido del caso. “Ahí están las comunidades en esa incertidumbre, tratando quizá una parte de la comunidad de olvidar y darle la vuelta, eso les convendría mucho a los responsables de este derrame, y otros tratando de que se resarzan los daños, de que haya una justicia en ese sentido”. Ignacio Ochoa Peralta, agricultor y ganadero de Banámichi, busca la manera de recuperarse, y a pesar de que dice que ya no espera nada, sí le gustaría que se hiciera algo por el Río Sonora. “Pues cuando estaba la mera contingencia, sí había muchas opiniones, muchas quejas, anomalías. Ahorita la gente ya no toma el caso, ya es raro, ahorita nos acordamos porque ustedes vinieron, pero en realidad casi no. Ya lo habíamos olvidado, casi”.
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