Cambiar fecha de la elección judicial no cambia el objetivo de control político, advierte experto en Baja California

TIJUANA.- La propuesta oficial de aplazar la elección judicial de 2027 al 4 de junio de 2028 no es un mero ajuste técnico, sino una estrategia para consolidar el control sobre el Poder Judicial, advirtió el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados. Según el especialista, los cambios planteados son un reconocimiento tácito de las deficiencias estructurales del diseño aprobado en 2024.

Bajo una narrativa de simplificación de boletas y filtros más estrictos, el verdadero trasfondo es político. Abarca Jiménez señaló que el principal riesgo radica en el año adicional que recibe el partido oficialista para acomodar a sus fichas o "corcholatas", afinar filtros internos y estructurar su dominio institucional.

La reforma prevé crear una Comisión Coordinadora tripartita y Comités de Evaluación para aplicar exámenes y reducir candidaturas mediante tómbola. No obstante, en un contexto de amplias mayorías legislativas del oficialismo, el jurista alertó que estos filtros técnicos corren el riesgo de convertirse en simulaciones que operen como aduanas políticas.

"El objetivo central del oficialismo nunca fue democratizar la justicia, sino tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rediseñar el equilibrio institucional; meta que ya fue alcanzada", manifestó el Mtro. Abarca Jiménez.

Por ello, las modificaciones administrativas, como reducir candidaturas o cambiar fechas, solo perfeccionan la operación del modelo donde el Ejecutivo y el Legislativo ya ostentan una posición dominante sobre la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial. Este último órgano, advirtió, genera incentivos de coacción indirecta, pues la independencia judicial se erosiona gradualmente mediante mecanismos de supervisión políticamente controlados.

Otro punto crítico es la coincidencia de los comicios judiciales de 2028 con la eventual revocación de mandato presidencial. Para Abarca Jiménez, esto inyecta una enorme carga político-partidista a un proceso que debería evaluar exclusivamente capacidades técnicas y méritos profesionales.

El especialista enfatizó que, si existiera una voluntad real de fortalecer la justicia, el debate revertiría el voto popular para regresar a un sistema meritocrático basado en trayectorias, exámenes de oposición y experiencia.

"Un juez no debe construir popularidad, sino credibilidad jurídica a través de la calidad de sus fallos", sentenció.

Finalmente, concluyó que el control simultáneo de la Corte, los órganos disciplinarios y los filtros de selección no representa una simple modernización, sino un riesgo latente de redefinición completa del sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano.