Decreto para atender manifestaciones no restringe a ciudadanos, pero legitima uso de fuerza: Colegio de Abogados de Tijuana

TIJUANA.- El decreto publicado por el gobierno de Baja California para atender las manifestaciones no establece restricciones directas a los ciudadanos, pero sí representa un protocolo que legitima el uso de la fuerza pública durante estas expresiones sociales.

De acuerdo con Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, el documento se elaboró tras mesas de diálogo con más de 30 organizaciones civiles, aunque su aplicación genera dudas sobre los alcances reales en las protestas.

Detalló que el análisis realizado por el colegio sostiene que el protocolo abre la puerta para que la intervención policial quede justificada bajo la premisa de mantener el orden, lo que podría traducirse en mayor tensión en los escenarios de inconformidad ciudadana.

Advirtió que, aunque la medida busca establecer reglas claras en la actuación de los agentes, también corre el riesgo de incrementar los altercados físicos entre manifestantes y elementos de seguridad en contextos de alta presión social.

La preocupación principal, explicó, es que la norma permita validar acciones de control que terminen siendo percibidas como limitaciones al derecho de expresión y de libre manifestación en Baja California.

Subrayó que continuará revisando el marco legal del decreto y propondrá ajustes que garanticen la protección de los derechos humanos, sin dejar de lado la necesidad de protocolos de seguridad en protestas públicas.