Grupos defensores de derechos humanos demandan al gobierno de EEUU por rechazo a solicitantes de asilo

SAN DIEGO.- Dos grupos de defensa de los derechos de los migrantes y un grupo de solicitantes de asilo han presentado hoy una demanda colectiva ante un tribunal federal contra la política ilegal del gobierno de Biden de rechazar a las personas que solicitan asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos. La demanda impugna la política y la práctica generalizada de la administración actual de exigir una cita previa a través de la aplicación gubernamental para teléfonos inteligentes CBP One para presentarse en un puerto de entrada y solicitar asilo.

La demanda fue presentada en nombre de Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance y 10 migrantes que buscan representar a un amplio grupo de solicitantes de asilo rechazados en los puertos de entrada  a quienes les niega la oportunidad de solicitar asilo. Las organizaciones y los solicitantes de asilo están representados por el Center for Gender & Refugee Studies, el American Immigration Council y el Center for Constitutional Rights, junto con Mayer Brown LLP y otros.

En virtud de la nueva política de rechazo del gobierno federal, las personas que no pueden conseguir una cita con CBP One son rechazadas ilegalmente y se les niega por completo la oportunidad de acceder al proceso de asilo de EE.UU., dejándolas varadas en campamentos y albergues en ciudades fronterizas mexicanas que son tan violentas que el propio Departamento de Estado  limita los viajes de sus empleados en estas regiones.

El 12 de mayo de 2023, la administración Biden promulgó una norma que establecía una restricción general de acceso al asilo en la frontera entre EE.UU. y México. Una de las pocas maneras en que los solicitantes de asilo pueden evitar la restricción  es mediante la programación de una cita CBP One para ingresar por un puerto de entrada. En la práctica, CBP One es  el único medio para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Aunque la norma ha sido recientemente declarada ilegal, sigue en vigor mientras el caso sigue su curso en los tribunales. El gobierno federal no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar su política de rechazar  a los solicitantes de asilo que no tienen una cita CBP One, independientemente de si la norma sigue en vigor o no.

Esta demanda sostiene que la política de rechazo del gobierno a los solicitantes de asilo que no tienen una cita CBP One viola la ley de EE.UU., la propia perspectiva del gobierno, los derechos de los solicitantes de asilo al debido proceso, y las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional, que prohíbe al gobierno devolver a los refugiados a países donde se enfrentan a la persecución o la tortura.

La demanda denuncia que, desde su creación, la aplicación CBP One ha sido inaccesible para las personas más vulnerables y marginadas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Sólo aquellos que dominan uno de los pocos idiomas que admite la aplicación y disponen de un teléfono inteligente relativamente nuevo, una conexión a Internet fiable y electricidad son capaces de navegar con éxito por la aplicación. Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita. Algunos solicitantes de asilo han pasado meses tratando desesperadamente de conseguir una esquiva cita con CBP One, que solo puede programarse mientras el usuario está físicamente presente en zonas de México conocidas por sus altos niveles de violencia contra los migrantes.

La demanda documenta numerosos casos en los que solicitantes de asilo incapaces de obtener una cita con el CBP One pidieron asilo en un puerto de entrada, y fueron rechazados por los agentes fronterizos. Entre los demandantes hay padres de niños pequeños que ahora languidecen en albergues, temerosos incluso de aventurarse a salir, dados los peligros que aguardan a los migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas. Varios de los demandantes son ciudadanos mexicanos que se han quedado varados en el mismo país del que intentan huir desesperadamente. Mientras esperan a que funcione la aplicación CBP One y se materialice una cita, temen por sus vidas.

"Me resulta difícil explicar a los solicitantes de asilo y a nuestro personal, muchos de los cuales se han visto afectados por las políticas fronterizas ilegales de EE.UU., cómo, a pesar de que un tribunal federal dictaminó hace casi dos años que rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de EE.UU. es ilegal, debemos volver a tratar esta cuestión hoy", dijo Nicole Elizabeth Ramos, Directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado. "Como confirma un informe de supervisión de la Oficina del Inspector General, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) ellos tiene la capacidad de procesar a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada - lo que les falta es la voluntad de hacer lo que la ley les exige. Así que aquí estamos hoy, defendiendo lo mismo que hemos defendido durante años, que el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos es un derecho fundamental. Sólo que hoy estamos más cansados, y aún más tristes, pensando en los muchos seres humanos que han perdido la vida, rechazados por un gobierno que esperaban que les protegiera."

"El personal de HBA, muchos de los cuales son migrantes negros, habla a diario con haitianos y otros solicitantes de asilo negros en la frontera que llevan muchos meses varados en condiciones insoportables y sin esperanza como consecuencia de la política de devolución única de la CBP", declaró Nicole Phillips, directora jurídica de Haitian Bridge Alliance. "Los solicitantes de asilo negros destacan en la frontera por el tono de su piel y su identidad racial, y a menudo se encuentran sin alojamiento y varados en zonas donde pueden ser objeto de discriminación y violencia. Nuestro personal ha tenido que enterrar a muchos solicitantes de asilo haitianos que han sido asesinados o han muerto por negligencia médica en el lado mexicano de la frontera mientras esperaban para entrar en Estados Unidos."

"La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno estadounidense para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur, que se remonta al menos a 2016", dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS). "Este tribunal ya ha dictaminado que es ilegal una política de devolución anterior, bajo la cual las administraciones anteriores se coordinaron con funcionarios mexicanos para implementar un sistema de 'medición', o lista de espera. La nueva política presenta los mismos problemas fundamentales. El asilo existe para proteger a las personas que huyen de amenazas inminentes contra sus vidas y que no pueden esperar en México para solicitar protección. Al ocultar el asilo tras una aplicación de smartphone inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados".

"Solicitar asilo en un puerto de entrada es un derecho protegido por nuestras leyes nacionales e internacionales y apreciado como uno de nuestros valores estadounidenses fundamentales. Sin embargo, durante años, nuestro gobierno ha dado la espalda a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur", dijo Kate Melloy Goettel, Directora Legal de Litigios del Consejo Americano de Inmigración. "El uso exclusivo de la aplicación CBP One para solicitar asilo es una medida cruel y poco sincera para mantener nuestra frontera sur cerrada a los solicitantes de asilo más vulnerables."

"El disfraz de la innovación no puede enmascarar la antipatía fundamental de los Estados Unidos hacia los migrantes que buscan refugio seguro en nuestras fronteras", dijo Angelo Guisado, Abogado Senior del Centro de Derechos Constitucionales. "No permitiremos que CBP One subvierta los derechos humanos fundamentales que consagramos hace mucho tiempo".

"Mayer Brown se siente honrado de trabajar con nuestros co-abogados en la presentación de este importante litigio para reivindicar los derechos de las personas vulnerables que buscan refugio seguro en los EE.UU.", dijo Ori Lev, Socio de Mayer Brown. "La política continuada del gobierno de devolver a los solicitantes de asilo -en contravención de las propias directrices del gobierno y del derecho estadounidense e internacional- es vergonzosa. Esperamos reivindicar los derechos de los demandantes".