Investiga Sindicatura a Jesús Machain por compra irregular de software, que nunca funcionó

TIJUANA.- La Sindicatura Municipal ha reactivado una investigación en la que está involucrado directamente Marcelo de Jesús Machain Servín, ex Oficial Mayor durante la administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, por su presunta responsabilidad en la irregular compra de un software por más de 92 millones de pesos.

El software REGER SIGER fue adquirido para que el XXIV Ayuntamiento actualizara su control administrativo sobre los recursos materiales, financieros y humanos bajo los lineamientos que determina la normatividad mexicana.

Sin embargo, el sistema contratado en 2023, no cumplió su función y fue aprobado sin licitación correspondiente.

La adquisición de la herramienta tecnológica se hizo por adjudicación directa ADQ-2023-AD-081 el 10 de agosto del 2023, a la empresa Managemen Technology Innovations, SC, propiedad del empresario Jorge Figueroa, cuyo contrato fue firmado por Marcelo de Jesús Machain Servín, en su calidad de Oficial Mayor.

Además, de acuerdo a otros contratos realizados por gobiernos municipales del centro del país, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana adquirió el servicio a un sobrecosto estimado en más del 100% pues con otras ciudades recibió pagos por cinco o seis millones por el mismo servicio ofrecido en esta ciudad fronteriza.

El mismo servicio fue adquirido por otros entes de gobierno por hasta 5 millones de pesos.

En su calidad de Sindico Procurador del XXIV Ayuntamiento, Rafael Leyva, abrió una investigación por este tema en julio del presente año, luego de recibir una denunciada presentada por un funcionario.

Ahora, la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento, a cargo de Teresita Balderas ha retomado la investigación en la que Marcelo Macháin pudiera estar involucrado en los delitos uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, entre otros.

Machain Servin ya se encuentra inhabilitado, luego que en octubre del año pasado la actual Sindicatura lo sancionó por la falta de unos 600 bienes inmuebles, irregularidad detectada en el proceso de entrega recepción entre los gobiernos de Montserrat Caballero y el de Ismael Burgueño.