Movimiento Ciudadano alerta por filtración de datos privados de agentes en Fiscalía de BC

La exposición de información sensible obliga a la Fiscalía General de Baja California a explicar el alcance del daño y las medidas de protección para personal y ciudadanía.

Playas de Rosarito.- Movimiento Ciudadano alertó sobre una grave falla de seguridad en la Fiscalía General del Estado de Baja California, luego de confirmarse la filtración de datos sensibles de agentes y funcionarios en un foro criminal, situación que representa un riesgo directo para su integridad y para la seguridad institucional del estado.

La información fue dada a conocer por Ignacio Gómez Villaseñor, periodista mexicano especializado en tecnología, quien documentó que un usuario identificado como Straightnumberone difundió información que permitiría ubicar a agentes y funcionarios. En el caso de Baja California, se expusieron datos de al menos 1,304 personas, incluyendo nombre, cargo, adscripción, correos electrónicos personales y la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP).

La CUIP es un registro nacional para personal de seguridad que acredita la verificación de antecedentes. Su exposición incrementa significativamente los riesgos de seguridad para los elementos y sus familias.

"Estamos hablando de información extremadamente sensible. No es solo un tema administrativo o tecnológico, es un asunto de seguridad pública y de riesgo humano", advirtió Salvador Sánchez, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito.

El coordinador señaló que esta filtración evidencia fallas graves en la protección de bases de datos críticas del estado.

"Si la Fiscalía no puede resguardar la información de su propio personal, queda en duda la capacidad del gobierno para proteger cualquier base de datos bajo su resguardo", afirmó.

Sánchez llamó a reforzar de inmediato las medidas de seguridad digital y a que el personal afectado reporte cualquier intento de intimidación, fraude o suplantación de identidad, mientras no exista una explicación oficial clara.

Finalmente, exigió a la Fiscalía General del Estado una aclaración pública sobre el origen de la filtración, el alcance del daño y las acciones concretas que se implementarán para proteger a las personas expuestas.

"El silencio institucional sólo agrava el riesgo", concluyó.