Persiste en caso ABC atraso en la investigación y olvido de compromisos pactados

Por Mónica Miranda 

Hermosillo.- Las familias víctimas de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, con el incendio de la guardería ABC, continúan a la espera de castigo para los culpables y reparación integral del daño causado, tras la pérdida de 49 niños y afectación por quemaduras en más de 100 menores.

A más 14 años del fatídico hecho no hay novedad en el seguimiento del caso penal que continúa su curso en la Fiscalía General de la República (FGR), por la que los padres pudieran considerar que la justicia para sus hijos está cerca, indicó el abogado del movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano.

Recordó que las líneas de investigación abiertas hasta el momento buscan establecer la verdad histórica de los hechos y castigar por las omisiones de ley en torno al caso.

"Hay un grupo de personas que pueden considerarse autoras materiales e intelectuales, pero aún no se ha encausado debidamente, la otra vertiente es la que tiene que ver con la aplicación de las condenas que ya quedaron firmes respecto de las personas que fueron sometidas a juicio desde que recién pasó la tragedia, estoy hablando de servidores públicos del estado, del municipio y de la federación".

La principal preocupación de los padres y madres, es que no se han ejecutado las 10 órdenes de aprehensión en contra de las personas señaladas como responsables que pudieron mantener su libertad condicional bajo fianza.

Los 10 señalados con sentencias firmes ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son Fausto Salazar Gómez, ex director de recaudación de la Secretaría de Hacienda; Jorge Luis Melchor Islas, ex jefe de Control Vehicular del Gobierno del Estado; Noemí López Sánchez, jefa delegacional de guarderías del IMSS.

Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de Protección Civil Estatal; Martín Lugo Portillo y Arturo Dávila Pacheco del departamento de Bomberos; Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, dueños de la guardería;  Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega; y Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora.

Miguel Nava Alvarado, abogado representante de 40 familias, dijo que además del atraso en la investigación penal, existe un olvido por parte de los gobiernos hacia los compromisos pactados con las familias de los niños sobrevivientes, entre ellos, el establecer en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la atención vitalicia para todos los menores, en ese entonces, afectados en su salud por el incendio.

"El presidente de la República emitió un decreto el día 13 de marzo de 2020, entonces este decreto que emiitió se transformó en un acuerdo del IMSS que prevé y plasma distintos derechos que tienen las víctimas del incendio de la guardería ABC, este decreto en este acuerdo del IMSS, tendría que plasmarse en las resoluciones de reparación integral que emite la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no lo quieren plasmar".

Comentó que el decreto del presidente López Obrador para la atención médica vitalicia, tiene que materializarse por la autoridad judicial como derecho absoluto de las víctimas en una resolución por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que no haya posibilidad de que se cancele en futuros sexenios.

Hasta el momento las familias han interpuesto más de 100 amparos de la justicia federal para incluir más derechos dentro de la reparación integral del daño.