Reforma obliga a gobiernos a aportar al déficit que tienen con jubilaciones y pensiones: Sindicato de Burócratas

Por Manuel Ayala

TIJUANA.- El Secretario General del Sindicato de Burócratas, Guillermo Aldrete, ha anunciado que gracias a la reciente reforma a la Ley de Issstecali, los gobiernos ahora están legalmente obligados a contribuir al déficit existente en materia de jubilaciones y pensiones. Aldrete destacó que esta medida supone un avance significativo, ya que desde el 2017 las jubilaciones y pensiones estaban detenidas, pero ahora comienzan a ponerse en marcha.

Según Aldrete, a pesar de este paso adelante, todavía existe un rezago considerable en el sistema de cerca de mil 500 jubilaciones y alrededor de 700 pensiones en todo el estado. Sin embargo, se espera que para el año 2024 se logre poner al día esta situación.

"Este año ha sido crucial para la burocracia, ya que gracias a la reforma de la ley de ISSSTECALI, los gobiernos y las autoridades están obligados a contribuir al déficit existente en las deudas de ISSSTECALI. Esto nos ha permitido generar más recursos y finalmente comenzar a abordar el rezago en las jubilaciones y pensiones, las cuales estaban estancadas desde hace varios años", afirmó Aldrete.

El Secretario General señaló que recientemente el municipio de Tijuana se suscribió al convenio para participar en el déficit de ISSSTECALI, lo que augura un progreso en este ámbito. Además, expresó su esperanza de que para el año 2024 se puedan ver avances significativos en la reducción del rezago existente, con la expectativa de regularizar las cerca de 1,500 jubilaciones pendientes en todo el estado.

"Aunque este año ha sido lento en términos de avance con respecto a ISSSTECALI, ya que enfrentamos deficiencias en el servicio debido a la falta de médicos y especialistas, confiamos en que, con la suscripción de este convenio de participación, se podrán obtener los recursos necesarios para contratar más personal médico", añadió Aldrete.

En resumen, la reforma a la Ley de Issstecali ha marcado un hito crucial para los empleados públicos, ya que obliga a los gobiernos a abordar el déficit en las jubilaciones y pensiones, con la esperanza de poner al día el rezago existente en estos beneficios para el año 2024.