Tribunal niega amparo a Caro Quintero; busca frenar extradición a EU

(EL UNIVERSAL).- Un Tribunal Colegiado negó la protección de la justicia al capo Rafael Caro Quintero, alias "El Narco de Narcos", contra la orden de traslado con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, Julio César Gutiérrez, José Nieves y Ricardo Garduño, confirmaron la resolución de la jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Tania Rosalinda Méndez López, quien negó la suspensión definitiva al fundador del Cártel de Guadalajara contra el supuesto traslado.

Lo anterior, porque la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista orden para trasladar a Caro Quintero del penal de máxima seguridad del Altiplano a otro centro de reclusión.

Caro Quintero, detenido por la Marina Armada en julio de 2022, tramitó en enero de este año una demanda de amparo en la que señaló como acto reclamado la orden de traslado con fines de deportación, extradición o expulsión del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, a otro lugar de reclusión.

En consecuencia, el sinaloense solicitó la protección de la justicia; sin embargo, la FGR, al rendir el informe a la jueza de amparo, negó la existencia del acto que reclamaba Caro Quintero, quien no aporto prueba para demostrar la existencia de la orden de extradición.

"En audiencia incidental, la juez de Distrito negó la suspensión definitiva, después de revisar los autos, se considera que es correcta esa situación, aun cuando se señalaron diversas autoridades, se pudo cotejar y apreciar, que en concreto no existe el acto que se está reclamando", determinó el Segundo Tribunal Colegiado.

La jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Tania Rosalinda Méndez López, programó la audiencia constitucional para el 6 de junio, fecha en la que resolverá si le concede el amparo a Caro Quintero, quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kike" Camarena.