Grupo México y gobierno federal no han cumplido con Río Sonora

Por Ángel Lozano

Sonora.-   A seis años del desastre ecológico más grande en la historia del Estado, ocasionado por el derrame de tóxicos en el Río Sonora, las afectaciones a la salud, economía y a las comunidades continúan sin poder ser subsanadas de manera integral.

Y es que a pesar de que tras el incidente derivado del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea; se establecieron compromisos por parte de Grupo México y del gobierno federal y a la fecha no se han cumplido.

Fue el 6 de agosto de 2014 cuando una falla en una válvula de la mina generó el derrame de metales pesados, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22 mil habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, mismos que su economía depende en gran parte de la agricultura, ganadería, turismo y artesanías. 

Seis días después la empresa minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, reconoció oficialmente el derrame, atribuyéndoselo a que las lluvias en esa región de la entidad estuvieron por encima del promedio habitual; pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió el argumento, y el 18 de agosto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentó una denuncia penal contra quien resultara responsable del derrame.

El 22 de agosto, la Conagua informó que el Río Sonora estaba contaminado con arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio con picos por arriba de los límites máximos permisibles establecidos en las normas de salud mexicanas, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) declaró el derrame como el peor desastre ambiental en la industria minera del país.

El 15 de septiembre se crea el Fideicomiso Río Sonora a raíz de un convenio entre Grupo México y las autoridades federales, por un monto de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones y la construcción de 36 plantas potabilizadoras y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE), un hospital especializado en tratamiento y seguimiento a la salud de los afectados por 15 años; pero la empresa sólo ejerció mil 300 millones.

Como parte de las investigaciones y afectaciones al ambiente, el 20 de marzo de 2015 la Profepa multó a Grupo México con 23 millones de pesos, lo que representó una sanción económica del 0.00016 por ciento de los ingresos que tuvo la empresa ese año.

El 2 de febrero de 2016 el gobierno federal y Grupo México cierran de manera unilateral el Fideicomiso sin informar a las personas afectadas y sin haber cumplido con los acuerdos de remediación de los daños.

El 5 de agosto de 2019 representantes de los Comité de Cuenca Río Sonora exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrir el fideicomiso, dos días después la instancia responsable de la impartición de justicia anunció que estudiaría el caso sobre cómo operó este mecanismo para resarcir los daños; y el 15 de enero de 2020 concedió el amparo de protección a las comunidades del Río Sonora.

El 8 de enero por motivos desconocidos la SCJN aplazó de manera indefinida la discusión pactada en la que la Segunda Sala dictaría sentencia sobre el destino de los recursos del Fideicomiso Río Sonora; y el 6 de junio del mismo año a través de un recurso legal, los habitantes de Bacanuchi logran la instalación de un consultorio médico para la atención de los habitantes.

Ante la serie de irregularidades en el caso, que para muchos son consideradas como un agravio hacia los derechos de los pobladores de esa región de la entidad, la lucha por recuperar la estabilidad económica, social y en la salud, se mantiene firme entre la impunidad y la injusticia.