Nacionalización de litio retrasará producción en Sonora

Por Ángel Lozano

Sonora.- La reforma a la Ley Minera aprobada recientemente en el Congreso de la Unión, con la que se garantiza la nacionalización del litio en el territorio mexicano, retrasará la producción de este mineral en Sonora porque actualmente el gobierno federal no cuenta con la capacidad para realizarlo, indicó el vocero de la Asociación de Mineros de Sonora, Alberto López Santoyo.

El también ex director general de minería en el estado indicó que la empresa china Ganfeng Lithiuma que tiene la concesión que obtuvo la empresa inglesa Bacanora Lithium para la exploración y explotación de litio en Bacadéhuachi que ya estaba lista para la producción en Sonora, pero tendrá que detener el proyecto hasta conocer la resolución del gobierno federal con respecto a la adquisición de dicha concesión.

Refirió que la empresa china es hoy en día una de las más importantes industrias mineras a nivel mundial en la producción de litio, y cuenta con capacidad económica e infraestructura necesaria para la fabricación de baterías para automóviles y otros aparatos eléctricos.

“Si se quedara en manos de Ganfeng yo creo que en dos años, un poquito más posiblemente, ya estuviéramos produciendo carbonato de litio aquí en Sonora y hubiera sido muy interesante que negociaran con ellos, porque ellos tienen la posibilidad de llegar incluso hasta las baterías de litio y sería fabuloso. Y la verdad yo creo que una empresa paraestatal que pueda llegar a construir, a hacer las baterías de litio en Bacadéhuachi, en territorio sonorense o mexicano, para mí la verdad es un sueño”, expresó.

López Santoyo señaló que la reforma a la Ley de Minería se realizó exclusivamente pensando en Sonora, ya que es el único estado de la república que tiene un proyecto definido para la explotación de litio luego de más de tres años de exploración, mientras que en otras entidades apenas están iniciando los trabajos.

Con respecto a la revisión de la compra de la concesión por parte de la minera china para definir el futuro del proyecto en Bacadéhuachi, indicó que de revocarse el permiso el gobierno federal deberá entregar una indemnización de 50 a 100 millones de dólares por concepto de exploración.