Sin estrategia para reinserción social sistema penitenciario de Sonora

Hermosillo (Redacción).- Pese a que Sonora es la quinta entidad con mayor número de personas privadas de la libertad (11,211), carece de una estrategia de fortalecimiento en su sistema penitenciario y de reinserción social.

Entre los estados con mayor población penitenciaria, por arriba de Sonora están el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California, según arroja la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2021.

La mayor parte de la población privada de la libertad en Sonora son hombres y el 66.5% tienen entre 18 y 39 años de edad, es decir que dos de cada tres están en etapa de adulto joven.

Considerando que el tiempo que la población pasa en prisión debe ser utilizado constructivamente como mayor garantía de reinserción, falta mucho por hacer en el estado al respecto, pues el 45.4% de la población dijo pasar de 13 a 18 horas dentro de su celda sin ninguna actividad.

De las 11,211 personas privadas de la libertad, únicamente 2,576 (22.9%) tiene un plan de actividades, el 76.9% restante no tiene un plan a pesar de la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 3ro establece que cada persona privada de la libertad debe contar con un plan de organización de tiempos y espacios con actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, de justicia restaurativa, etc.

Sólo 988 estudian para obtener algún grado o nivel escolar y 2,473 de ese mismo 22.9%, también acuden a un curso o taller para aprender un oficio. 5,151 personas realizan un trabajo a cambio de una remuneración económica o algún beneficio dentro del penal.

La encuesta también arroja que de quienes sí recibieron vivistas, el 77.4% dijo sentirse satisfecha con el trato de las autoridades a sus visitantes; también del total de la población penitenciaria el 73.3% dijo sentirse segura en el penal.

El 44.2% aseguró haber sido víctima de algún delito al interior del centro penitenciario en el periodo de julio de 2020 a julio de 2021.

El esfuerzo por parte de las instituciones da cuenta de la existencia de áreas de procesos industriales en diversos oficios, capacitaciones como taller de costura para mujeres, y mejoramiento de espacios comunes como patios y canchas por parte del Instituto Sonorense de la Juventud.

Así mismo, visitas de autoridades de la Secretaría de Salud para supervisar el área médica y trabajos de prevención e implementación de protocolos sanitarios en visitas familiares.

No cabe duda que para avanzar en el camino de una sociedad con seguridad y justicia es necesario incluir en el diseño de cualquier política ciudadana, la reinserción social con un modelo efectivo con objetivos y metas fundamentados en mandato del artículo 18 de la Constitución Política Mexicana: trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.

El proceso de reinserción debe atender diversas áreas de la vida personal y social, y sólo con un compromiso con la legalidad y las normas sociales, incluidos los derechos humanos, podrá desarrollarse un proyecto de vida que disminuya las probabilidades de volver a cometer actos ilícitos en cada una de las personas hoy privadas de la libertad.

Los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, buscamos con este análisis, promover estrategias que nos permitan vivir mejor, en una sociedad más segura, de las cuales la reinserción social es parte fundamental y en la que consideramos hay tareas pendientes:

• Diseñar, implementar y monitorear políticas públicas de prevención que ayuden a identificar las causas estructurales, factores de riesgo y conductas vinculadas a la comisión de delitos.

• Contar con información pública confiable, actualizada y de calidad por parte del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora, que permita generar diagnósticos, monitoreo y evaluación de los programas de reinserción social, así como de la cuantificación de la reincidencia y la reinserción en el estado.

• Formar mesas de trabajo con autoridades, organismos de la sociedad civil, académicos y empresarios para la formulación de políticas públicas que contribuyan al cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la población privada de la libertad, la normatividad, la mejora de la infraestructura y la búsqueda de todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento de los Centros.

Crear alianzas ciudadanas regionales, nacionales e internacionales, para desarrollar investigaciones que formulen evidencia respecto a las prácticas más efectivas en el sistema penitenciario dentro de determinados contextos sociales, económicos, políticos y culturales.