Demandará Blue Propane al Ayuntamiento de TJ por quebranto patrimonial

TIJUANA.- La empresa gasera Blue Propaneanunció que demandará al Ayuntamiento de Tijuana por todos  los  daños  y  perjuicios  sufridos  al  aplicar  de  manera  ilegal  e  inconstitucional  un acuerdo  de  Cabildo  denominado  “moratoria”,  que  evitó  que  la  empresa  abriera  diez estaciones de distribución de gasLP, para proteger a las empresas gaseras de la familia Zaragoza, propietarios de Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas & Oil y Gas Silza, luego de recibir una sentencia que resolvió a su favor el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de Baja California.

De  acuerdo  con  Marco  Ernesto  Téllez,  abogado de  la  empresa  Blue  Propane,  los daños provocados por la administración de Arturo González Cruz mientras estuvieron al frente del Ayuntamiento de Tijuana, ascienden a varios millones de pesos, que el municipio deberá resarcir a la empresa por el daño patrimonial.

“Interpondremos un juicio de responsabilidad civil ante el Poder Judicial del Estado, donde reclamaremos  al  Ayuntamiento  el  pago  por  su  actuación  lesiva  y  dolosa  hacia  nuestra representada, porque después de cinco años de juicios, al final la justicia se impuso sobre los  intereses  económicos  y  políticos  que  protegían  al  monopolio  gasero  en  la  entidad.

Esperamos que el Poder Judicial se conduzca conforme a derecho y no sea un obstáculo más  como  lo  han  sido  las  instituciones  municipales  y  estatales  que  están  al  servicio  del monopolio”, anunció.

El abogado defensor reiteró que “la demanda es consecuencia de las conductas tomadas por  aquellos  servidores  públicos  que  de  manera  dolosa,  ilegal,  arbitraria  y  en  ejercicio indebido de sus funciones y arbitraria, defendieron intereses económicos por encima de los intereses del pueblo y de las familias de Tijuana, utilizando las instituciones públicas para frenar  a  los  competidores  que  durante  años  han  intentado  abrir  la  competencia  en  la ciudad".

De acuerdo con los cálculos de los representantes de Blue Propane,  el municipio debería pagar las ganancias que dejó de percibir durante los años que ha mantenido bloqueando a la  empresa,  las  rentas  de  los  inmuebles,  deterioro  de  las  instalaciones  que  estuvieron inhabilitadas, pago del personal, así como por haber impedido la enajenación del gas que se vendería en cada una de las estaciones, “lo que se traduce en más de dos años de pérdidas,  juicios  solventados, trámites  y  honorarios  por  concepto  de  asesoría  jurídica  y legal”.

Por su parte, el abogado Allan Jaramillo, vocero de la gasera, explicó que lo ocurrido en el caso  Blue  Propane,  es  una  muestra  de  los  efectos  nocivos    que  generan  la  relación  del  poder político y el poder económico, “ese binomio crea otras condiciones de la actividad económica y la política, pero sobre todo altera un principio elemental de la función pública, que es el bien común, ese sentido se pierde y se convierte en un servicio  en  beneficio de unos cuantos y no hay peor consecuencia que la autoridad misma pierda su esencia y se convierta en un activo más del poder económico.

“Y en esta relación perversa, las ganancias económicas dirigen el sentido de las políticas públicas, los dividendos se convierten en ejes rectores y la autoridad se convierte en una dirección,  en  este  caso  el  Ayuntamiento  de  Tijuana  terminó bajo el  yugo  y  control  de  las empresa  Z  gas  y  Gas  Silza,  quienes  como  dueños  y  señores  dictaron  las  políticas necesarias que les protegieran y crearan un nicho de consumidores cautivos, donde solo ellos  pudieran  ser  los  beneficiados,  por  encima  de  las  familias  de  todos  los  niveles socioeconómicos de Tijuana, sobre todo las más vulnerables que se quedan sin comer por pagar el gas más caro del país”, puntualizó.

Inserción pagada por ES BLUE PROPANE. Responsable de la publicación: Allan Jaramillo, Representante Legal.