Desalojo de Ejido Rojo Gómez, por orden judicial: Alcaldesa

Por: Octavio Fabela

TIJUANA.- Cientos de familias fueron desalojadas de un terreno propiedad del ejido Rojo Gómez en el cerro de Las Abejas, la expulsión se ordenó tras un litigio y durante el operativo las familias acusaron abuso de autoridad por elementos de la Policía Municipal, ante lo que la alcaldesa los exhortó a presentar denuncias ante Derechos Humanos y Sindicatura.

En entrevista, la alcaldesa Monserrat Caballero aclaró que el desalojo fue ordenado por una autoridad judicial luego de un litigio en el que el ejido resultó con sentencia favorable y que la Policía Municipal, en estos casos, solo hace presencia para evitar que se cometan desmanes y para hacer valer el mandato del juez.

“Estas personas creen que les corresponde el derecho de la tierra, se entiende su situación y no quieren dejar estos predios, entonces tienen que ser sacados con ayuda de la policía municipal. Si estas mujeres fueron golpeadas, pueden venir a sindicatura y pueden denunciar en Derechos Humanos”, aclaró.

Refirió que de necesitarlo, el ayuntamiento podría apoyar a las familias con algún albergue temporal para que se resguarden de ser necesario, además de algunas otras ayudas de carácter social, pero que el gobierno de la ciudad no está en condiciones de ofrecer algún predio en donde puedan ser reubicados, situación que deberá atender la autoridad estatal o federal.

“Si requieren algún albergue, estar en algún lugar, trasladarse, pero terrenos y esas cuestiones no son cuestiones mías, esas ya son cuestiones sobre todo de la federación y el estado”, concluyó.

800 familias son desalojadas de invasión a Ejido Rojo Gómez

TIJUANA.- Este martes autoridades de los tres niveles de gobierno ejecutaron una orden de desalojo de los terrenos invadidos en el Ejido Rojo Gómez, de la zona conocida como El Milagro. 

Se trata de un caso de invasión de 69 hectáreas de terrenos de un predio sobre la carretera vieja a Tecate. 

El desalojo procedió luego que desde 1998 se diera comienzo a una lucha jurídica por parte de un particular que reclamó la legítima propiedad y denunció a los ejidatarios, y de que por mucho tiempo, el poder judicial permitiera a los invasores permanecer en el lugar. 

Con estas acciones, se estima que 800 familias habrían quedado sin hogar. 

En el operativo participaron policías municipales, la Guardia Nacional (GN), elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) o Guardia Estatal. 

De acuerdo a los testigos y a las familias desalojadas de los predios invadidos, fue aproximadamente a la 8 de la mañana que comenzaron a llegar personas con maquinaria pesada a ese lugar, para posteriormente comenzar a tirar las viviendas de madera ahí improvisadas. 

Algunas familias tuvieron que salir de emergencia porque aseguraron que se comenzaron a incendiar las estructuras.