Funcionario vinculado por caso Next Energy presenta su renuncia

TIJUANA.- Alejandro Arregui, Secretario del Trabajo de Baja California, afirmó que tuvieron comunicación con Marco Antonio Hilton, mismo que manifestó su deseo de retirarse y atender el asunto jurídico que lo vincula con el delito de peculado y Uso Ilícito de Funciones y Facultades por la empresa Next Energy ocurrido bajo la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Refirió que el voluntariamente quiere hacer frente a su proceso, por lo que habrá de presentar su renuncia voluntaria.

Esto luego de que la actual mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda aclaró que primero están los intereses de los bajacalifornianos; tras la decisión de un juez vinculara a proceso a siete ex funcionarios de la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, entre ellos al actual subsecretario del trabajo del estado, Marco Antonio “N”, así como a un representante legal de la empresa Next Energy por el delito de peculado y Uso Ilícito de Funciones y Facultades,

“Marina puede tener amigos, la gobernadora no. Y estamos nosotros en un litigio en el cual estamos protegiendo las finanzas públicas del estado, entonces, se está realizando ya lo conducente por parte del gobierno del estado", dijo la primera mandataria bajacaliforniana.

"Se tomaron todas las medidas de manera totalmente imparcial, tratándose de quien se tratara, nosotros estamos siendo muy responsables en un tema jurídico, naturaleza jurídica y en el cual, pues estamos buscando proteger las finanzas del estado", agregó.

"Tratándose de participaciones federales que estaban comprometidas, en los cuales se estaba garantizando un proyecto, que como ustedes saben no obtuvo los permisos federales, ajeno totalmente a un tema estatal, y nosotros vamos a ser muy respetuosos en este sentido y atenderemos de manera particular cada uno de las situaciones que se están presentando”, concluyó Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California

Por los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a seis ex funcionarios estatales de la pasada administración y a un particular.

En la sala 6 del Centro de Justicia Penal, se desarrolló la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022, por suscribir contratos de manera ilícita, comprometiendo el patrimonio del Estado de Baja California, la cual concluyó la madrugada de este martes.

Ante el Juez, el agente de Ministerio Público de la FGE, presentó los datos de prueba suficientes y los alegatos para que se otorgaran dos meses para la investigación complementaria.

Después de varios días de desahogo de pruebas se resolvió por parte del Poder Judicial del Estado la vinculación a proceso de estas personas.

A los imputados Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”, se les impuso como medida cautelar la establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la fracción I, que es la presentación periódica mensual ante el juez.

Mientras que Karen “N” y Marco Octavio “N” comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.

La Fiscalía General del Estado mantiene firme su compromiso con la justicia y la ciudadanía reiterando que no habrá impunidad.

Vinculan a proceso penal a exfuncionarios de Bonilla 

El Juez de Control, Bernardo Ahumada, determinó vincular a procesos a ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla y el representante del consorcio Next Energy, al considerar que se cometieron los delitos de Peculado y Uso Ilícito de Funciones y Facultades, desechando la imputación de Abuso de Autoridad.

Los abogados de la defensa expusieron los motivos ante el Juez de Garantía los motivos para no vincular a proceso a sus respectivos clientes, lo cual no fueron suficientes para procesarlos penalmente.

Juez de Garantías Bernardo Ahumada encontró suficientes elementos de los delitos de Peculado por el mal uso de los recursos públicos al firmar garantías de pago, fuera de lo establecido en los Decretos 88 y 178 del Congreso del Estado y que dio píe al contrato plurianual para comprar energía eléctrica y construir una planta fotovoltaica que significaba compromisos financieros para el Estado de Baja California por arriba de los 30 mil millones de pesos.

El Juzgador determinó dos meses para que la Fiscalía reúna más pruebas y los consignan, estableciendo como fecha límite para la investigación hasta el 26 de diciembre del presente año.

Mientras que los imputados Alberto Julio (empresa Next Energy), Rodolfo N (funcionario del gobierno de Sonora y ex secretario de Hacienda de Baja California), Karen «N» (ex secretaria de Infraestructura de Baja California), Adalberto «N» (ex secretario de Hacienda), Israel Clemente (ex Oficial Mayor), Salomón «N» (ex secretario del Agua) y Marco Antonio «N» (Ex Oficial Mayor y actual subsecretario de Trabajo del gobierno de Marina), procesados por el delito de Uso Ilícito de Funciones y Facultades tendrán que firmar cada mes ante las autoridades penitenciarias.

Por el delito de Peculado fueron procesados Rodolfo N (funcionario del gobierno de Sonora y ex secretario de Hacienda de Baja California), Karen «N» (ex secretaria de Infraestructura de Baja California), Adalberto «N» (ex secretario de Hacienda), Israel Clemente (ex Oficial Mayor), Salomón «N» (ex secretario del Agua) y Marco Antonio «N» (Ex Oficial Mayor y actual subsecretario de Trabajo del gobierno de Marina).

El delito de Abuso de Poder no se pudo comprobar, desde la perspectiva del Juez.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó este martes 25 octubre la renuncia de Rodolfo Castro Valdez, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, tras ser vinculado a proceso por un juez de control de Baja California.

Esto debido a que un juez vinculó a proceso a seis ex funcionarios de la administración del ex gobernador de Baja California, Javier Bonilla Valdez y a un representante legal de la empresa Next Energy, por la denuncia interpuesta por el actual gobierno por irregularidades en un contrato de 12 mil millones de pesos para el suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica.