Lucha contra facturas falsas afectará a contribuyentes cumplidos La nueva reforma fiscal que pretende elevar la defraudación fiscal a crimen organizado otorga demasiadas facultades al gobierno.
Por: Daniel Iglesias TIJUANA.- La nueva reforma fiscal que pretende elevar la defraudación fiscal a crimen organizado otorga demasiadas facultades al gobierno, consideró el abogado fiscalista Adolfo Solís. 'El elevar la defraudación fiscal a delincuencia organizada pone en riesgo a cualquier ciudadano, porque las personas que hacen negocios, los pequeños contribuyentes, con una omisión de 7.5 millones de pesos simplemente van a ser clasificados como delincuentes organizados y la diferencia entre una defraudación fiscal y delincuencia organizada es que la defraudación fiscal no amerita prisión preventiva, mientras la delincuencia organizada la persona va a tener que estar por lo menos tres años en prisión”, indicó. Aunque la intención de esta reforma sea perseguir a los miembros del crimen organizado y a empresas fraudulentas que fabrican facturas, los principales afectados podrían ser los ciudadanos y contribuyentes cumplidos. “Con esto ¿qué deben de entender todos? Que el tema de la reforma o paquete económico para el siguiente año es tan grave que no se carga ni en los delincuentes, ni en los evasores, ni en los ricos, se carga en toda la población. No va a haber aumento de impuestos, pero va a haber un mecanismo de actualización que al final de cuentas va a hacer que el ciudadano pague más dinero, entonces con nombres disfrazados estamos haciendo que la población pague más”, comentó. Por último, Solís dijo que el gobierno está adoptando actitudes y facultades omnímodas y en su afán de castigar los defraudadores ha olvidado comenzar desde adentro. “Es una falacia decir que van contra los evasores que van contra los vendedores de facturas, llevan dos décadas diciendo y el gobierno es el primero que vende las facturas y que usa la compra de facturas y el gobierno desvía fondos a través de la venta de facturas, entonces primero que acaben con los desvíos del gobierno y las operaciones de venta de facturas en el propio gobierno y después ya pueden criminalizar a los ciudadanos”, concluyó.
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