Propone Comité Ciudadano Zona Este meter al orden a fraccionadores

Precisamente en la Zona Este se presentan asentamientos creados sin los permisos correspondientes.

El Comité Ciudadano plantea promover mesas de análisis para generar respuestas efectivas e inmediatas a esta grave problemática.

TIJUANA.- Ante la forma irregular como “crece” la mancha urbana de la Zona Este de la ciudad, es urgente sancionar con base en la normatividad vigente, a quienes fraccionan y venden lotes sin los permisos y la factibilidad correspondientes, pues crear asentamientos sin los requisitos de ley y que desafortunadamente ha sido una práctica generalizada e histórica. En este desorden, no hay peor perjudicado que el gobierno y, por supuesto, el ciudadano que compra de buena fe por la necesidad de un techo.

Ante esa realidad que impera en dicha demarcación, el presidente del Comité Ciudadano Zona Este, abogado Marco Antonio González Arenas, expuso varias propuestas interesantes para resolver de fondo esta grave problemática que afecta la viabilidad urbana y social de toda una comunidad y que repercute directamente en la oferta de servicios y atención de parte de las autoridades.

Antes de numerar las implicaciones legales de esta situación en que incurren los propietarios que lotifican y venden tierra sin la anuencia y los estudios correspondientes, el profesional del Derecho dijo que el consejo directivo de la organización ciudadana que representa, propone mesas de análisis entre gobierno y sociedad para encontrar respuestas efectivas para frenar este crecimiento desordenado.

Respecto a los efectos penales de esta práctica que ha sido una perniciosa costumbre, González Arenas invocó el Código Penal de Baja California en cuyo Artículo 220 se establece que se considera que comete fraude equiparado “el que por si o por interpósita persona, cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes...”

Asimismo, “que cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos en él señalados, este delito se sancionará aun cuando no se hubiere totalmente percibido la contraprestación pactada”.

Una reforma hecha al Código Penal de Baja California establece con claridad que “Para los efectos penales se entiende por fraccionar la división de terrenos en lotes. Este delito se sancionará con las penas previstas en el Artículo 218 de este Código, con la salvedad de la multa mencionada en la fracción II de dicho precepto, que se elevará hasta ochocientos días multa”.

Es decir, señala, que hay una normatividad que no se ha respetado, pero que ya es hora de que impere la ley para dar paso a colonias ordenadas y con los servicios necesarios.

Indicó que la Fiscalía General del Estado tiene una gran responsabilidad en cuanto a qué pueden investigar de oficio la comisión de un delito (cualquiera) y no esperar a que se presenten denuncias, como es el caso de la promoción irregular de asentamientos.

La problemática que propicia la permisividad del gobierno con los propietarios que mueven tierra, lotifican y venden terrenos sin la anuencia y análisis de factibilidad correspondientes, se evidencia en la irregularidad y falta de servicios satisfactorios que se presentan en grandes áreas urbanas de la Zona Este de Tijuana, clarifica.

 Crear asentamientos sin los permisos de las autoridades administrativas correspondientes produce graves perjuicios en varios frentes, advierte y agrega que la mayor carga es para el municipio, por el impacto que representan esos asentamientos que demandan de inmediato servicios públicos básicos como pavimentación, alumbrado, recolección de basura, seguridad, entre otros.

Esta problemática también atañe al Gobierno del Estado que, en su caso, deberá dotar a esos fraccionamientos irregulares de agua potable, drenaje y alcantarillado, de manera emergente y sin el cálculo de capacidad programática.

Por todo lo anterior, consideró que es justo y necesario organizar mesas de análisis entre las instituciones del gobierno y la sociedad organizada, a fin de encontrar las mejores respuestas en favor de los ciudadanos, al concluir que esto es un imperativo en virtud de que la Zona Este es una dinámica comunidad, receptora histórica de miles de paisanos.