Trámites para la municipalización del agua suspendidos: alcaldesa

Por: Octavio Fabela 

TIJUANA.- La alcaldesa de Tijuana, Karla Patricia Ruiz, señaló que luego de la resolución de la SCJN, todos los asuntos relacionados con la municipalización del agua quedaron suspendidos.

Lo anterior, dijo, favorecerá a este municipio fronterizo porque la actual administración no tendrá que tomar decisiones precipitadas que podrían afectar el servicio a los usuarios

“Fue el acuerdo que se firmó. El convenio que se firmó en donde ya está la persona que  está encargada de todo eso y eso va ir viendo las etapas y fases que se tiene que estar llegando pero básicamente debe estar para no afectar a todos ustedes y no se queden sin agua”, comentó la alcaldesa de Tijuana

Karla Ruiz añadió que se seguirá trabajando además que ella no cree en tomar acciones de último momento, y que no planea dejar algo incompleto. 

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Director de Cespt dice que acata a SCJN, pero sigue con transición

- Continúa transición a Comati.

- Deuda de CESPT asciende a $1,400 mdp, será absorbida por el estado no a municipios.

Por: Alberto Alfonso López Elenes.

TIJUANA.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida a causa de la controversia constitucional presentada por municipios del estado.

Sin embargo, Elí Topete Robles, director general de la CESPT aclaró que dicha resolución es diferente al caso de Tijuana, debido a que este municipio no presentó ninguna controversia como ocurrió en Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito.

Por tal motivo el proceso de transición continuará con la Comati, que será el organismo municipal de Tijuana encargado de brindar el servicio de la Cespt.

En cuanto a la deuda actual que tiene la CESPT y que asciende a $1,400 millones de pesos, aclaró que no pasará al municipio, ésta será absorbida por el propio gobierno estatal.

“La transferencia sigue en marcha", dijo.

- ¿En Rosarito si se detuvo?

– "Sí, sí, suspendieron los plazos la Corte, pero en el caso de Tijuana va normalito, porque Tijuana no tuvo impugnación, no tuvo ninguna controversia impugnada y aclaro, el decreto 289 es una cosa, la Comati es otra cosa, pero también aquí hay otro procedimiento aparte del decreto 289, que insisto y repito, respetaremos la resolución de la Corte, aquí está el tema del acuerdo que el XX Ayuntamiento que encabezó don Carlos Bustamante, donde el Cabildo por unanimidad sacó un acuerdo de la creación de la Comati con su reglamento y todo, que se cumple con el procedimiento, se va a la solicitud y se va el procedimiento en aquel entonces a la legislatura que estaba en aquel entonces y al gobierno que estaba en aquel entonces".

* Asegura Elí Topete, que porque lo dijo el gobernador

* Deuda de la CESPT por 1,400 millones de pesos, queda en el gobierno estatal

Agregó: "Ya hizo la declaración pública el gobernador, donde dijo que él los organismos los iba a mandar limpios a los Ayuntamientos, que él antes de irse, él lo declaró, lo hizo público, por eso me atrevo a ratificarlo, porque lo hizo público, de que los organismos se iban a ir a los Ayuntamientos limpios de deudas".

La deuda pública es de alrededor de 1,400 millones de pesos, aquí lo importante es que esa deuda no rebase tu patrimonio y el patrimonio de la CESPT es mucho mayor que eso, el patrimonio de la CESPT es tres a uno, cuatro a uno”, comentó Elí Topete Robles, director de la paraestatal.

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Suspende SCJN transferir organismos del agua a municipios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó una suspensión al Decreto 289 del Gobierno de Baja California, con lo que suspende la transferencia de los servicios de agua potable y drenaje a los municipios del Estado mientras se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 119/2021.

Los promoventes de dicho recurso son 10 integrantes de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California: Araceli Geraldo Núñez, Juan Meléndrez Espinoza, Rosina del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Javier Robles Aguirre, Efrén Enrique Moreno Rivera, Evangelina Moreno Guerra, Miriam Elizabeth Cano Núñez Y Julia Andrea González Quiroz y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, siendo este último el representante común de los legisladores.

Dichos promoventes demandaron en el Congreso del Estado de Baja California, el Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el secretario general Gobierno del Estado de Baja California, Amador Rodríguez Lozano.

En el Decreto 289 se aprueban diversas reformas a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California; asimismo, la reforma al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California en el sentido de transferir los organismos a los Ayuntamientos del Estado.

El decreto se impugnó debido a la falta de análisis económico, financiero y administrativo, –incluso de carácter laboral– no existe certeza, respecto de la viabilidad de los Ayuntamientos de cumplir con las obligaciones impuestas por el Decreto impugnado, en relación con la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento, alcantarillado y disposición final de aguas residuales, lo trasgrede los derechos humanos de los habitantes del Estado de Baja California, generando un inminente daño irreparable al derecho humano de acceso al agua, a los derechos humanos laborales, y al principio de autonomía municipal.

Con la suspensión otorgada se interrumpen los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del 289, y se establece con toda claridad que el gobierno del estado debe continuar prestando a los habitantes de los Municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento, alcantarillado y disposición final de aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto.

Adicional a eso, ocho ciudadanos demandaron la nulidad de la entrega del servicio de agua el Concejo Municipal de San Quintín, puesto que éste omitió realizar un análisis presupuestal y financiero para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que se encuentra en riesgo su adecuado funcionamiento, por lo tanto el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa frenó la entrega de la CESPE al Instituto Municipal para el Servicio de Agua de San Quintín.